ATRIO

Texto íntegro de la intervención del lehendakari Ibarretxe en el debate de política general de Euskadi (viernes 27-09-02).

(Ver lo referente al poyecto de un nuevo estatuto de libre asociación en la 2ª Parte; pero en todo el discurso está contextualizando esa propuests)

Los últimos acontecimientos están poniendo de manifiesto la grave situación de crispación social y de enfrentamiento a la que se está empujando a la sociedad vasca.

La sociedad vasca refrendó mayoritariamente en las elecciones del 13 de mayo, en las que participaron 8 de cada 10 ciudadanos y ciudadanas vascas, un camino para la esperanza, una alternativa de futuro.

En contra de esta voluntad mayoritaria se están posicionando fuerzas que se empeñan en bloquear el camino. Que no plantean soluciones. Que no presentan alternativas de futuro.

El presente curso político se inicia marcado por el recrudecimiento de la violencia, el autoritarismo y la ilegalización de Batasuna. Tres túneles que se empeñan en devolvernos al pasado y en introducirnos en una espiral de división y confrontación.

ETA se empeña en arrastrar al Pueblo Vasco al túnel de la violencia y el sufrimiento. La sociedad vasca le ha dicho y exigido claramente que deje de matar. Nuestro Pueblo quiere ser dueño de su propio destino sin violencia, sin imposiciones y sin chantajes. Esta es la palabra y la voz del Pueblo Vasco. Por eso, ETA tiene una enfermedad terminal, porque el Pueblo Vasco, incluyendo la gran mayoría de Batasuna, no acepta la violencia.

No podemos olvidar que 9 de cada 10 vascos defienden que no es necesario recurrir a la violencia para resolver problemas políticos. Este es el principal indicador de la debilidad de la violencia, pero también es un termómetro que sube a medida que se incrementa la confianza en las medidas políticas para resolver los problemas. Esta es, por tanto, nuestra responsabilidad como representantes políticos, proponer soluciones políticas a la sociedad

Cada vez con mayor intensidad se está haciendo palpable en el Estado español un proceso que pretende arrastrarnos hacia el túnel del autoritarismo y la imposición.

Bajo la disculpa de la seguridad, estamos asistiendo a un recorte de las libertades y de los derechos individuales, tanto civiles como políticos.

La separación e independencia de los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, -clave para la fortaleza de la democracia- es cada vez menos nítida. Incluso, cualquier observador podría concluir, a la vista de las últimas decisiones adoptadas, que existe una clara dependencia del poder legislativo y judicial de las decisiones del Gobierno español.

Resulta igualmente grave que, salvo honrosas excepciones, el denominado cuarto poder, es decir, los medios de comunicación, después de seguir un preocupante proceso de concentración, se han alineado en relación con el problema vasco y con la concepción unilateral de España, tras el pensamiento único oficial.

En todo caso, es evidente que se está produciendo un proceso de involución democrática y de regresión autonómica.

En términos de calidad democrática se está retrocediendo gran parte del camino recorrido desde el fin de la dictadura franquista. Con la excusa de alcanzar objetivos nobles, como la seguridad y la lucha contra el terrorismo, la generación nacida en democracia está observando atónita la limitación de libertades constitucionales. La libertad de expresión, la presunción de inocencia, la libertad ideológica, la libertad de asociación y manifestación, son derechos cada vez más sometidos a inseguridad jurídica.

De forma complementaria, y unida a esta involución democrática, se está propiciando la regresión autonómica. Del estado plurinacional, que consagra la Constitución, se está retrocediendo hacia una concepción uniformizadora y negadora de la personalidad de los pueblos y naciones existentes en su seno. De nuevo, se está recorriendo el túnel hacia lo que en el franquismo se conocía como el Estado nacional español. Esto es, una nación y una cultura dominante y "dueña" del Estado, frente a otras naciones, culturas y pueblos considerados inferiores. No hay que confundir pequeño con inferior ni grande con superior. No es un problema de tamaño, sino de respeto y de dignidad.

En mi condición de Lehendakari, quiero trasladar mi profunda discrepancia ante una iniciativa que, en mi opinión, es jurídicamente inconstitucional y que política y socialmente genera división y confrontación. Me refiero a la reciente Ley de Partidos y su correspondiente derivada, el proceso de ilegalización de Batasuna, defendida por sus promotores como la solución de todos nuestros problemas.

La sociedad vasca sabe que la exclusión no es la solución. Así lo ha puesto de manifiesto en todas y cada una de las consultas que se le han realizado y en numerosas manifestaciones sociales. El propio Pleno del Parlamento Vasco, el pasado 17 de mayo, rechazó este camino porque entendió que era contrario a la Paz y a la normalización política.

Ha sido, por tanto, una decisión en contra de la sociedad vasca, impulsada por el Presidente del Gobierno español para tapar el fracaso de una estrategia equivocada. Una estrategia que nos prometió acabar con ETA en cinco años y que ahora, transcurrido ese tiempo, nos augura más sacrificios y más sufrimiento.

El Gobierno español, en definitiva, está recorriendo el camino inverso que recorrió el Gobierno británico para solucionar el problema de la violencia en Irlanda del Norte.

¿Alguien piensa de verdad en este Parlamento que arrojando a la clandestinidad a 200.000 personas se va a eliminar la violencia de ETA? ¿se va a aumentar la seguridad ciudadana? ¿se va a reducir la crispación y la división social? ¿nos vamos a acercar a la Paz?

Yo no creo en un túnel que alimenta la espiral de la exclusión y el enfrentamiento y que, por lo tanto, contribuye a reforzar la estrategia de la violencia. Son los ciudadanos y ciudadanas vascas los que a través de elecciones democráticas deben poner a cada uno en su sitio.

Sinceramente, no es la exclusión, sino el respeto a la pluralidad, el camino correcto.

Frente a la espiral de la violencia y el terrorismo, y frente a la espiral del autoritarismo y la exclusión, la sociedad vasca ha apostado por una alternativa de futuro construida sobre tres ejes:

Estos son los ejes y los compromisos que sustentan el programa de Gobierno apoyado por tres partidos que representan el cauce central de la sociedad vasca.

En mi responsabilidad como Lehendakari, mi intención en este Debate de Política General es plantear nuevas iniciativas políticas para seguir recorriendo el camino iniciado en el Kursaal.

Frente a la estrategia del neoliberalismo económico basada en un modelo competitivo individual, nuestro autogobierno nos ha permitido desarrollar en Euskadi un modelo propio de construcción social edificado sobre el desarrollo sostenible y la solidaridad.

Crecimiento, sostenibilidad y solidaridad, son las claves de nuestro compromiso para aumentar el bienestar de todas y cada una de las personas que componen nuestra sociedad.

A lo largo del pasado ejercicio, el Gobierno ha desarrollado las bases, iniciativas y programas precisos para seguir edificando un modelo propio de construcción social.

Para ello, hemos procedido a despejar las incógnitas que se cernían sobre nuestro modelo de relación financiera, tanto externa como interna. A estos efectos, y tras un largo y complicado proceso de negociación, -al que no me voy a referir y que todos ustedes conocen-, el pasado 20 de febrero se ha conseguido ratificar y consolidar nuestro Concierto Económico con el Estado. A su vez, y desde la vertiente de la distribución financiera interna, el pasado mes de julio hemos alcanzado un acuerdo sobre la nueva Ley de Aportaciones entre el Gobierno y las Diputaciones Forales.

El Gobierno, además, ha diseñado su plan estratégico de actuación para la presente legislatura. Un plan estratégico que se sustenta en el calendario de planes y programas, aprobado el pasado 16 de abril, y en el programa legislativo, aprobado el 5 de marzo. Ambos instrumentos se han plasmado en un documento o contrato-programa en el que se fijan 200 objetivos y compromisos del Gobierno con la sociedad vasca, y que van a ser nuestro referente de actuación para toda la legislatura.

No voy a realizar una descripción pormenorizada de todas y cada una de las iniciativas y programas que los diversos departamentos han puesto en marcha a lo largo de estos meses para avanzar en la construcción social de Euskadi. Esta información, como en ocasiones anteriores, se encuentra a disposición de este Parlamento en un anexo elaborado al efecto. Pero sí me van a permitir que mencione, siquiera de forma enunciativa, aquellas actuaciones más destacadas, tanto en el ámbito de la solidaridad y la integración social, como en el impulso del desarrollo sostenible.

En este ámbito voy a citar aquellas iniciativas puestas en marcha desde el ejecutivo para hacer frente a los principales desajustes y desequilibrios que se plantean en la sociedad vasca. Problemas tales como, la conciliación de la vida laboral y familiar, la marginación social, la precariedad laboral, -especialmente entre la juventud-, la discriminación y la violencia contra las mujeres, el acceso a una vivienda digna, la integración y atención a los emigrantes, la mejora de la sanidad y el aumento de la calidad en la enseñanza, por citar algunos de los más significativos, son los que han guiado nuestra actuación en este primer año y van a seguir constituyendo nuestro objetivo para toda la legislatura.

Hemos procedido a la aprobación del Plan Interinstitucional de apoyo a las familias, que recoge un amplio conjunto de medidas económicas y de servicios sociales, con el objetivo de conciliar la vida laboral y familiar. Entre otras medidas, se contemplan ayudas económicas directas a familias numerosas por el tercer hijo y sucesivos nacidos a partir de 1998, y los partos múltiples registrados desde 1993. Este año la inversión será de 100 millones de Euros y las familias beneficiadas serán cerca de 15.000.

El proyecto de Ordenación del tramo educativo-asistencial de 0 a 3 años, de inminente aprobación, y su generalización progresiva a lo largo de los próximos años en los que se van a crear 3.500 nuevas plazas en guarderías, va a constituir, también, un poderoso instrumento para conciliar la vida laboral y familiar.

Asimismo, los planes de Acción Positiva desarrollados por Emakunde para favorecer la igualdad de género y luchar contra la violencia doméstica, constituyen un elemento fundamental en contra de la discriminación de la mujer y, en definitiva, a favor de la familia. A este respecto, vamos a potenciar las medidas contempladas en el Acuerdo Interinstitucional que, de forma pionera, hemos puesto en marcha para perseguir y eliminar la lacra de las agresiones sexuales y de la violencia en el hogar.

Además, estamos elaborando una Ley para la igualdad que contemplará un apartado específico en materia de maltrato y violencia doméstica contra las mujeres. La sociedad entera debe tomar conciencia de que nos encontramos ante una de las mayores vergüenzas del siglo XXI. Siempre he creído que no merece la pena vivir en un mundo injusto si no es para cambiarlo.

La juventud es, quizá, uno de los segmentos de población que más sufre las dificultades de adaptación a la nueva realidad social. Con la aprobación del II Plan de Acción Joven, presentado en esta Cámara el pasado mes de abril, se continúa y profundiza en la experiencia positiva del primer Plan, potenciándose una política de acción positiva en las áreas de trabajo e inserción laboral, educación y formación, vivienda, salud y ocio.

La precariedad laboral representa uno de los principales problemas que afectan especialmente a la juventud e influyen más negativamente en el estado del bienestar. Las tasas de temporalidad juvenil se sitúan entre el 55% y el 85%, en función del segmento de edad, en el Estado español. En Euskadi no somos ajenos a este grave problema y, por ello, reducir esta temporalidad que nos parece injusta y denigrante, es uno de los objetivos prioritarios de nuestra acción de Gobierno.

Pero a nadie se le oculta que su solución exige una modificación de la regulación estatal que trasciende nuestra capacidad de intervención. En este sentido, vemos con decepción que las, autodenominadas, medidas de modernización del mercado de trabajo desarrolladas por el Gobierno del Estado, no tienen en cuenta esta realidad.

Por este motivo, además de las políticas propias desarrolladas a través de las áreas de industria, empleo y juventud, vamos a instar para que se impulse una iniciativa legislativa a nivel de Estado que desincentive la temporalidad y la precariedad laboral y prime el empleo estable.

En relación con la vivienda, el Gobierno viene desarrollando en el marco del 2º Plan Etxebide una ambiciosa política de intervención pública. El balance de 2001 se ha cerrado con una oferta de 4.284 nuevas viviendas de promoción pública frente a un objetivo de 3.500, y en este año 2002, el número de viviendas de promoción pública ascenderá a más de 4.500. Para que se hagan una idea comparativa, en el año 2001, la cuota de mercado de vivienda protegida en Euskadi fue de un 28%, frente al 9% en España. Hemos de reconocer, no obstante, que la situación del mercado inmobiliario sigue excluyendo a una parte muy importante de la población con bajos ingresos. Por ello, el Gobierno ha aumentado considerablemente las dotaciones presupuestarias para reforzar el actual Plan de oferta de viviendas protegidas. A estos efectos, se va a impulsar una oferta específica de vivienda en alquiler para las rentas más bajas –inferiores a los 200 euros mensuales-, que sea accesible a los jóvenes y a los colectivos de menores ingresos.

De forma complementaria a las acciones en vivienda, se van a continuar potenciando las medidas específicas contra la exclusión social. A este respecto, se han incrementando notablemente las ayudas de emergencia social, se han reforzado los servicios sociales de base y se han financiado, a través del programa Auzolan, experiencias de integración laboral a más de mil personas, dando respuesta al tercer nivel de la lucha contra la exclusión social.

Asimismo, hemos continuado con el calendario de adecuación de la renta básica, que se encuentra en el 80% del salario mínimo, habiéndose incrementado un 52% desde 1998.

A estas iniciativas habría que añadir el aumento de un 40% de los fondos destinados a los colectivos que trabajan con sectores sociales marginados y la puesta en marcha de un Plan de Atención a la Emigración, pionero en el Estado. Asímismo, el Gobierno constituirá en este mismo año, el Foro Vasco de Emigración, como un espacio de reflexión, de propuestas y de coordinación institucional para facilitar la integración social y laboral de las personas inmigrantes.

Por otro lado, y para finalizar este apartado, se ha aprobado, el pasado mes de julio, el tercer Plan de Salud 2002-2010, que marca la política a seguir para mejorar la salud de la ciudadanía vasca. Este tercer plan fija entre sus objetivos, el aumento de la esperanza de vida del conjunto de la población en 1,4 años y la reducción en un 25% de las desigualdades sociales en la salud, propiciadas por las peores condiciones de vida de las clases menos favorecidas.

Además de una política de redistribución y de solidaridad social con las personas y sectores menos favorecidos, el incremento del bienestar exige que el tejido productivo sea lo suficientemente sano y competitivo para generar un desarrollo sostenible. Para lograrlo, las administraciones vascas, a diferencia del Gobierno español, que siempre ha defendido que la mejor política industrial es la que no existe, hemos desarrollado una amplia red de políticas públicas para incentivar el crecimiento.

No me voy a extender en el análisis detallado de las iniciativas y políticas públicas desarrolladas en materia energética, apoyo a la inversión, desarrollo del comercio, dinamización del sector agroalimentario, programas tecnológicos, formación para el empleo, etcétera, porque sería muy prolijo el detalle. Centraré mi atención expresamente en tres aspectos que, por su repercusión, considero de especial interés. Estos tres aspectos son, el desarrollo de la sociedad de la información, la puesta en marcha de un nuevo programa de infraestructuras en colaboración con las Diputaciones Forales, y la ejecución de una estrategia medioambiental de desarrollo sostenible.

A lo largo de la pasada legislatura, el Gobierno se planteó el desarrollo de la sociedad de la información en Euskadi como objetivo estratégico de futuro.

A raíz de la iniciativa Euskadi 2003, se impulsaron diferentes actuaciones departamentales que se han agrupado y potenciado en un Plan integral denominado "Euskadi en la Sociedad de la Información", aprobado el pasado mes de febrero, y que contempla inversiones de 433 millones de euros para el impulso de la sociedad de la información en los próximos cuatro años.

En desarrollo del mismo se están ejecutando diversos programas, algunos dirigidos al gran público, como el Programa Konekta Zaitez o el KZ Gunea, y otros de carácter más interno para mejorar la eficacia de la educación, la sanidad y la administración pública.

El éxito de estas iniciativas ha sido evidente. Por dar quizá el dato más visible del iceberg les diré que en Euskadi, gracias a las políticas desarrolladas, hemos pasado de ser la 8ª Comunidad en usuarios de Internet hace escasamente dos años, a situarnos a la cabeza del Estado en la actualidad.

El pasado mes de mayo presentamos el balance de ejecución del Plan de Infraestructuras Euskadi 2003. Este Plan recoge la experiencia positiva del Plan Europa’93 y del Plan Euskadi XXI, y ha permitido la realización, en sus dos primeros años de ejecución, de inversiones por importe de 486,8 millones de euros (81.000 millones de Pts.), en la mejora de las infraestructuras y en la revitalización de áreas deprimidas.

El Plan Euskadi 2003, que tendrá su continuidad en este ejercicio próximo, se verá completado por un nuevo programa específico de infraestructuras articulado en coordinación con las Diputaciones Forales de conformidad con el Acuerdo sobre la Ley de Aportaciones.

Este Plan, que será aprobado próximamente por el Consejo de Gobierno y remitido a esta Cámara para su conocimiento, tendrá una dotación de 600 millones de Euros para el período 2003-2007 y financiará inversiones específicas preferentemente en Infraestructuras Viarias, Obras Hidráulicas y Regadíos.

A pesar de los claroscuros del informe final aprobado en la Cumbre de la Tierra, recientemente celebrada en Johanesburgo, en la misma se ha vuelto a poner de manifiesto la urgencia de ejecutar una estrategia medioambiental de desarrollo sostenible a nivel mundial, si no queremos correr el riesgo de situar al planeta ante una situación irreversible.

En Euskadi somos plenamente conscientes de este peligro y hemos acudido a esta cumbre con los deberes hechos. El pasado mes de junio aprobamos un programa marco de desarrollo sostenible en el horizonte del 2020 que contempla 200 compromisos y objetivos concretos en cinco grandes ámbitos: a) aire, agua y suelo, b) recursos y residuos; c) defensa de la naturaleza d) movilidad, infraestructuras y transporte e) cambio climático y reducción de emisiones.

Somos un Gobierno pionero en el Estado español y en Europa, en haber aprobado una estrategia medioambiental definida. En la reciente cumbre de Johanesburgo hemos tenido ocasión de presentar nuestra estrategia a todos los participantes internacionales y hemos liderado, junto con otras naciones y regiones de los cinco continentes, un "Foro de Desarrollo Sostenible" a nivel mundial, desde el que queremos reclamar el protagonismo de las entidades subestatales para contribuir, en el ejercicio de nuestras competencias, al desarrollo sostenible del planeta. A este respecto, les anuncio que la primera reunión constitutiva de esta Cumbre Mundial tendrá lugar en Donostia en la próxima primavera.

El balance global de la estrategia desarrollada para la construcción de Euskadi es altamente positiva.

Si hubiera que escoger un indicador, una fotografía, que refleje el desarrollo, tanto económico como social de un país, quizá el más ilustrativo sea el índice de desarrollo humano de las naciones unidas. Este índice comparativo combina factores de renta y riqueza con tasas de educación, escolaridad y esperanza de vida. Según este indicador, Euskadi se situaría entre los 10 primeros países del mundo en desarrollo humano, justo detrás de los Países Bajos y por encima de países tan significativos como Japón, Suiza, Luxemburgo, Francia, España o Reino Unido.

Se trata, por tanto, de la fotografía de un país en marcha. Hemos superado la media europea en renta por habitante, hemos logrado la convergencia en tasas de paro situadas en el entorno del 8%, disfrutamos de una de las esperanzas de vida más elevadas del planeta y nuestro esfuerzo endógeno en investigación y desarrollo nos ha permitido avanzar en la convergencia tecnológica con Europa, si bien esta sigue siendo uno de nuestras asignaturas pendientes.

Estos son sólo algunos ejemplos de que Euskadi funciona. No es un ejercicio de optimismo ni de autocomplacencia. Somos conscientes de que estos resultados son el fruto de un esfuerzo colectivo y permanente, porque en la mejora del bienestar nunca hay una meta. También somos conscientes de las incertidumbres y amenazas que gravitan sobre el escenario económico y político mundial y lastran el relanzamiento de la actividad empresarial. Pero somos optimistas. Si hemos superado las dificultades en el pasado, estamos convencidos de que seremos capaces de afrontar los retos y las amenazas del futuro, por muy complicadas que éstas sean. La sociedad vasca ha demostrado que tiene músculo para seguir en los puestos de cabeza en la carrera de la competitividad.

Esta confianza en nuestra capacidad de adaptación no nos impide reconocer que seguimos teniendo numerosos retos pendientes, tanto en términos de crecimiento económico, como en solidaridad y justicia social. Queda mucho por hacer, pero voy a referirme, especialmente, a dos de nuestros retos pendientes que me parecen de extraordinaria importancia.

El Estado español ocupa, lamentablemente, el último lugar de la Unión Europea en gasto en protección social por habitante en términos de paridad de poder de compra, con tan sólo un 59% de la media europea. En Euskadi los datos no son tan negativos, nos situamos en el 72%, pero aún así, seguimos muy lejos de la media europea en protección social por habitante.

Nuestro objetivo como País debe ser alcanzar también la convergencia con Europa en protección social. Para ello, necesitamos disponer de todos los instrumentos de autogobierno que nos reconoce el Estatuto.

En particular, resulta fundamental asumir la gestión del régimen económico de la seguridad social, que nos atribuye el artículo 18.2 del Estatuto de Gernika, para poder desarrollar, en toda su extensión, un verdadero modelo integrado y universal de protección social en Euskadi.

En todo caso, y de forma complementaria al sistema de seguridad social, vamos a volcar nuestros esfuerzos para que la previsión social complementaria llegue a los colectivos que, por su nivel de ingresos, tienen mayor dificultad en acceder a la misma, así como lograr su generalización en el mundo del trabajo a través de la colaboración con los agentes sociales.

El artículo 10.16 del Estatuto atribuye a Euskadi la competencia exclusiva en investigación científica y técnica en coordinación con el Estado. Pues bien, han transcurrido 23 años y esta transferencia aún no se ha materializado. Para que tengan un dato de referencia les diré que, sólo en los últimos diez años, la falta de esta transferencia ha supuestos unos menores recursos financieros destinados a I+D de 838 millones de euros, esto es 139.500 millones de Pts. Estos recursos y sus efectos indirectos nos hubieran permitido ya la convergencia tecnológica con Europa.

A pesar de estas dificultades, en los últimos 22 años, hemos realizado un gran esfuerzo endógeno en Investigación y Desarrollo que nos ha permitido pasar de un 0,069% en 1979, a un 1,5% actual. Nuestro objetivo en la presente legislatura será potenciar ese esfuerzo inversor desarrollando el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que permitirá situarnos en el entorno del 1,85% en el año 2005.

Hemos avanzado mucho. Hemos trabajado mucho, pero aún queda mucho por hacer, y vamos a seguir desarrollando todo nuestro esfuerzo e ilusión para conseguirlo.

Estoy convencido de que el respeto a todos los derechos humanos de todas las personas, -y subrayo de todas las personas-, tanto en su esfera individual como colectiva, es la clave de la Paz.

Por eso decimos sí a la vida, sí a la libertad y sí a la pluralidad, y rechazamos rotundamente el asesinato, la extorsión, la tortura y la exclusión por razones políticas o sociales.

Este es nuestro camino. Sé que resulta a veces complicado defender los derechos de todas las personas, sin distinción, ante un ejercicio de violencia, una tortura o un asesinato. Pero tenemos que tener claro que toda violencia es injusta, que no hay torturas justificadas o injustificadas y que no hay asesinatos buenos o malos.

El Pueblo Vasco tiene esto muy claro, y lo tiene claro porque ha sufrido demasiada violencia a lo largo de su historia, especialmente de nuestra historia más reciente. La guerra civil, el exilio, la persecución, la dictadura franquista y, sobre todo, ETA, están demasiado presentes en la vida de nuestro Pueblo. No es tiempo de más sufrimiento, es tiempo de Paz. Este es el deseo de la sociedad vasca y es, por tanto, nuestro objetivo prioritario.

Por eso, no estamos dispuestos a aceptar acusaciones demagógicas de quien dice defender los derechos de los Pueblos negando los derechos individuales. De quien defiende los derechos individuales de las personas pero niega sus derechos colectivos. De quien denuncia la tortura y la dispersión pero no condena los asesinatos de ETA. De quien no ha sido capaz aún de condenar los crímenes de la dictadura franquista cuando todavía se están sacando cadáveres de las cunetas. De quien jalea el indulto de personas encarceladas por los terribles asesinatos de los GAL. De quien se aprovecha de la violencia para sus intereses políticos, personales o profesionales. Ni tampoco estamos dispuestos a aceptar lecciones éticas de quien exige a los demás solidaridad ante su exclusión política, pero se niega a mostrar su solidaridad con las personas amenazadas, torturadas o asesinadas por ETA, que son quienes sufren las mayor de las exclusiones posibles.

Podremos equivocarnos y tendremos que mejorar. Estamos dispuestos a hacerlo. Pero, como he dicho, no vamos a aceptar lecciones. Vamos a ser firmes en nuestro propio camino. Vamos a ser inflexibles en la defensa de todos los derechos humanos. Así lo puse de manifiesto en el Kursaal, así lo hemos recogido como compromiso ético en nuestro programa de Gobierno y así lo ratifiqué en el primer Pleno del Parlamento Vasco celebrado el pasado 28 de septiembre de 2001 sobre la pacificación.

En el desarrollo de este compromiso ético hemos impulsado a lo largo de este año numerosas iniciativas. Nos hubiera gustado contar con el consenso de todos los partidos en este compromiso ético, pero a veces no ha sido posible. En este caso, lo hemos hecho con quien nos ha querido acompañar, sin complejos y sin renunciar a nuestros principios y trayectoria histórica en contra de la violencia y en defensa de los derechos humanos de todas las personas.

Desde el Gobierno impulsamos y firmamos, junto con EUDEL y las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa, un Manifiesto Institucional en favor del derecho a la vida que fue ratificado solemnemente en Gernika, en un acto público con más de 200 concejales y alcaldes de Euskadi.

Hemos creado y potenciado la Dirección de Víctimas del Terrorismo y hemos desarrollado el área de Derechos Humanos en el Gobierno.

Asimismo, procedimos a encargar a Federico Mayor Zaragoza el diseño de un Observatorio de Derechos Humanos y libertades, encargo que ha cumplido y al que luego me referiré.

Pero, más allá de estas actuaciones propias, quiero centrarme en aquellas iniciativas que han permitido un mayor grado de acercamiento entre los partidos en la defensa de los derechos humanos y de rechazo a la violencia.

Como ustedes saben, el pasado 21 de febrero convoqué una Mesa para la Defensa de la Pluralidad con representantes políticos e institucionales. Este primer encuentro supuso el verdadero motor de la posterior declaración de EUDEL y de los Acuerdos de Arkaute en el seno de la Mesa de Seguridad.

Quiero dejar constancia de estas dos iniciativas que, a mi entender, representan un claro exponente de nuestra apuesta por la defensa de los derechos humanos.

El pasado 3 de mayo, la Comisión Ejecutiva de Eudel aprobó una declaración cívica "en defensa de la democracia y la libertad, y de respeto a la pluralidad de la sociedad vasca", que en tres meses ha sido ratificada ya en 175 ayuntamientos de toda la Comunidad Vasca.

Este manifiesto supuso alcanzar un punto de encuentro que no habíamos tenido hasta entonces. A nadie de esta Cámara se le oculta que la Ley de Partidos, aprobada posteriormente, ha chocado frontalmente con el respeto a la pluralidad que todos defendimos, como ya puse de manifiesto en la última reunión de la Mesa Político-Institucional que tuvimos ocasión de celebrar el pasado 31 de mayo.

Tenemos que ser capaces de superar las divergencias suscitadas y hacer efectivo en el ámbito municipal lo que a veces resulta tan complicado en otras instancias políticas o niveles institucionales superiores.

Por eso, como Lehendakari sigo apostando por este instrumento e invito a todos los ciudadanos y ciudadanas vascas a que trabajen en su propio municipio a favor de la pluralidad y en contra de la exclusión, a favor de la vida y en contra del asesinato. Sinceramente, considero que la constitución de foros de debate y de convivencia municipal es responsabilidad de todos y pueden ser una excelente plataforma cívica para un proceso de reconciliación social.

Dando respuesta a los compromisos que asumimos en la reunión de la mesa política e institucional celebrada el 21 de febrero, se puso en marcha la Comisión de Arkaute para plantear medidas en materia de seguridad de los alcaldes y concejales, con la ausencia ostensible del Ministerio de Interior, a pesar de haber sido convocado. Asimismo, lamentablemente, el Partido Popular abandonó la citada Comisión de forma inexplicable.

A pesar de ello, la Comisión desarrolló sus trabajos de manera muy positiva, y en la reunión celebrada el pasado 21 de mayo, se alcanzaron acuerdos de gran transcendencia que fueron aprobados en esta Cámara mediante proposición no de Ley, el pasado 28 de junio. A su vez, el Consejo de Gobierno, en virtud del mandato de la Cámara, el pasado 2 de julio encomendó al Departamento de Interior el desarrollo de las medidas aprobadas.

Asimismo, el 4 de julio alcanzamos en el seno de la Comisión de Arkaute importantes acuerdos en apoyo de las víctimas del terrorismo, y acordamos, también, la puesta en marcha de un novedoso programa en favor de las víctimas de la violencia de persecución. Acuerdos de los que volvió a autoexcluirse el Partido Popular.

Curiosamente, no ha sido el contenido de dichos acuerdos, sino, según ha reconocido públicamente el propio Partido Popular, la Ley de Partidos, la excusa o el argumento para negarse a apoyarlos. ¿Puede haber una prueba más palpable de que la Ley de Partidos divide?.

El Gobierno, en todo caso, en el ejercicio de nuestra responsabilidad y en desarrollo de nuestras competencias, este pasado martes hemos aprobado el nuevo Decreto que regula las ayudas a las Víctimas del Terrorismo incorporando sustanciales mejoras y, lo que es más importante, haciéndolo mediante el diálogo con los colectivos afectados y con los partidos.

Estamos, por lo tanto, ante iniciativas de extraordinaria importancia y de particular sensibilidad para los colectivos afectados, que requieren del concurso y del compromiso de todas las Instituciones.

A mi entender, la seguridad de alcaldes y concejales y la defensa de las víctimas de la violencia de persecución, debería estar fuera de los cálculos electorales y partidistas.

Por ello, quiero hacer un llamamiento al Partido Popular y al Gobierno español para que rectifiquen y contribuyan a hacer efectivos, en el ámbito de su responsabilidad, los acuerdos alcanzados y las medidas planteadas.

Pero, dicho esto, también quiero dejar muy claro que este Gobierno no descansará mientras en nuestra sociedad haya una sola persona amenazada.

Como ustedes saben, el pasado mes de Febrero le trasladé al Sr. D. Federico Mayor Zaragoza el encargo de diseñar un Observatorio de Derechos Humanos y de Libertades en el País Vasco. Este encargo ha sido cumplido y a primeros de septiembre me ha sido entregado formalmente dicho proyecto por parte del Sr. Mayor Zaragoza.

Ha sido un trabajo intenso y un gran esfuerzo por su parte, y me consta que ha recabado el apoyo y la opinión, tanto de representantes políticos como de personas y organizaciones expertas en la materia. Por ello, quiero agradecer públicamente su trabajo y adelantarles que, a mi entender, su resultado responde fielmente al objetivo y al encargo propuesto. El Observatorio será un instrumento muy valioso para velar por la defensa de los Derechos Humanos y de las Libertades de todas las personas en Euskadi.

Como se establece en el informe definitivo presentado, el Observatorio contempla en su estructura la participación de reconocidas personalidades de prestigio internacional, y tendrá como referencias fundamentales, los pactos internacionales que constituyen el trípode sobre el que se sustenta la defensa de los derechos humanos en el ámbito mundial:

En relación con los siguientes pasos a dar para la puesta en marcha del Observatorio, les puedo indicar que la propuesta de Federico Mayor Zaragoza ha sido remitida el pasado martes día 24 al Gobierno para su información y estamos procediendo a recabar los informes jurídicos y administrativos pertinentes para su próxima aprobación en Consejo de Gobierno. Nuestra intención es presentar la propuesta para su tramitación en esta Cámara como proyecto de Ley, con el objetivo de que el Observatorio sea plenamente operativo a lo largo del próximo año 2003.

En la primera parte de mi intervención he desarrollado el compromiso del Gobierno para construir un país moderno, competitivo y solidario, como clave del bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas vascas.

Asimismo, he planteado nuestro compromiso ético para liderar una sociedad comprometida con la defensa de los derechos humanos de todas las personas, como clave fundamental de un proyecto de Paz.

En esta segunda parte de mi intervención voy a plantear el tercer eje en el que se sustenta la alternativa de futuro que proponemos para la sociedad vasca. Este tercer compromiso, el compromiso democrático, representa la apuesta por la normalización política en el seno de la sociedad vasca y por la convivencia con España.

Profundizar en este compromiso democrático, sobre la base del respeto a la voluntad de la sociedad vasca, es la clave de la solución al denominado problema vasco.

Así lo puse de manifiesto en el Kursaal, ya en febrero del año 2001, y así ha sido percibido por la mayoría de la sociedad vasca que ratificó en las pasadas elecciones autonómicas este proyecto.

Decía en el Pleno de Autogobierno que el problema, desencuentro político o comoquiera que queramos llamarle, ha sido explicitado el pasado 13 de mayo por los propios ciudadanos y ciudadanas vascas, y no es otro que la existencia de una parte muy significativa y plural políticamente, de la sociedad vasca que reivindica el derecho a decidir libre y democráticamente su propio futuro.

Este es el sentimiento mayoritario del cauce central de una sociedad que sabe que esta es la llave de la solución. Según los datos de las encuestas sociológicas que ustedes conocen, el 80% de la sociedad vasca, 8 de cada 10 personas, defienden que son los ciudadanos y ciudadanas vascas los que tienen derecho a decidir libre y democráticamente el futuro del País Vasco. Esta afirmación es mayoritaria en todas las sensibilidades políticas, nacionalistas, no nacionalistas vascos y federalistas.

Dando respuesta a esta demanda social, en el Pleno Monográfico sobre Autogobierno, celebrado el 25 de octubre del pasado año, trasladé con toda nitidez los dos objetivos en los que se sustancia este compromiso democrático de respeto a la voluntad de la sociedad vasca:

1.El respeto a los marcos jurídicos y políticos construidos por voluntad de la sociedad vasca. Esto es, el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika.

2. El respeto al derecho legítimo que le asiste a la sociedad vasca para decidir libre y democráticamente sobre las opciones de cambio y actualización del vigente marco de autogobierno, siempre y cuando se alcancen las mayorías requeridas para ello. Esto es, el derecho de la sociedad vasca a plantear un nuevo pacto político para la convivencia.

La Comisión de Autogobierno constituida al efecto en el Parlamento Vasco para el desarrollo de estos dos objetivos, alcanzó unas conclusiones que fueron aprobadas en el Pleno del pasado 12 de julio en sendas resoluciones referidas, por un lado, al respeto y cumplimiento del Pacto Estatutario y, por otro, a la actualización del mismo de acuerdo con sus potencialidades.

Hoy, mi responsabilidad como Lehendakari es avanzar. Para ello, en los apartados posteriores, y por separado, desarrollaré las iniciativas y medidas que dan respuesta a los dos objetivos planteados, esto es, el cumplimiento íntegro del Estatuto y la formalización de un nuevo Pacto Político para la convivencia.

Desde luego, no voy a utilizar este Debate de Política General para argumentar algo que ya está reiterado hasta la saciedad. El cumplimiento del Estatuto de Gernika ha sido una demanda permanente de la sociedad vasca, de sus partidos e instituciones representativas e, incluso del propio Congreso y el Senado español.

El hecho de que en este Debate, tras 23 años de su aprobación, tenga que aparecer un apartado con el título "cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika", es suficientemente elocuente y doloroso.

Nada produce tanta desazón como constatar la impunidad con la que se incumplen las leyes. Nada invita a la desafección del bloque de constitucionalidad como la constatación de que se ha ido desvirtuando el modelo inicial reconocedor de los hechos diferenciales y de la plurinacionalidad del Estado para acabar en un modelo de "sano regionalismo". Nada desalienta tanto como la comprobación permanente de que el ejercicio competencial se subordina a intereses políticos coyunturales.

Hemos elaborado informes técnicos y celebrado plenos monográficos. Se han aprobado numerosas resoluciones, no sólo en el Parlamento Vasco sino, lo que es más vergonzoso para el Gobierno español, en el Congreso de los Diputados y en el propio Senado. Hemos firmado pactos. Hemos solicitado una Comisión Política al más alto nivel. Hemos adoptado acuerdos en el Consejo de Gobierno. Hemos hecho esto y mucho más, todo ha sido en vano. Pero, no vamos a desmayar.

No nos van a cansar a pesar de que, tras 23 años, aún tengamos que escuchar que el cumplimiento íntegro del Estatuto es inconstitucional, cuando ha sido el propio Tribunal Constitucional, en sentencia 209/1990, el que proclamó que "el ejercicio de competencias no transferidas por parte del Estado debe reputarse como anómalo porque es provisional, y lo provisional no puede serlo indefinidamente. La prolongación de la provisionalidad y el retraso competencial es un obstáculo grave al reparto de competencias del que el Estado es el máximo responsable porque a él le corresponde extremar el celo para llegar a acuerdos en las Comisiones mixtas".

Esta sentencia se produjo hace ya 12 años. Quiero hacer una denuncia política y un emplazamiento público al Tribunal Constitucional y a su Presidente para que le digan a la sociedad vasca las medidas que han adoptado a lo largo de todo este tiempo para hacer cumplir al Gobierno español sus propias sentencias.

A este respecto, quiero anunciar que el Consejo de Gobierno aprobará y presentará un requerimiento formal al Tribunal Constitucional para que desarrolle las medidas oportunas que permitan hacer efectivas sus propias sentencias, habida cuenta de que con la actitud del Gobierno español se está produciendo la prolongación de una provisionalidad indebida, y yo añadiría, que impuesta e ilegal.

Pero diré más, porque quiero que sea conocido por la opinión pública. ¿Sabían ustedes que, ya en 1987, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado aprobaron sendas resoluciones en las que instaban al Gobierno español…. "para que concrete y formalice con el Gobierno Vasco el programa de transferencias pendientes, así como el calendario para su ulterior negociación"…? ¿No les suena similar a la resolución aprobada por el Parlamento Vasco el pasado 12 de julio?, es decir 15 años después, sí, quince años, en la que se insta al Gobierno español… "a que con carácter urgente y en un plazo no superior a dos meses, defina un proyecto operativo y calendario de cumplimiento y desarrollo del Estatuto de Autonomía de Gernika"…

No merece la pena, por tanto, que vuelva a recordar los numerosos pronunciamientos existentes. Este botón de muestra es suficientemente elocuente del talante de prepotencia, cuando no de chantaje y demagogia, que ha utilizado el Gobierno español con la sociedad vasca. Mensajes tales como …

Son sólo algunas de las "perlas" más recientes con las que, de manera directa o velada, ha respondido el Gobierno español ante las demandas del cumplimiento estatutario.

La amenaza es la respuesta de aquél a quien le sobra soberbia y le falta razón. Yo, sinceramente, creo que lo que resulta inconstitucional es incumplir una Ley Orgánica durante 23 años.

En una sociedad democrática, las personas, celosas guardianes de su libertad, no rinden tributo a ninguna pertenencia orgánica, a ningún orden, que no cuente con su consentimiento. Y, precisamente por esa misma razón, cuando prestado su consentimiento ven burlada su voluntad, se corre el grave riesgo de que dejen de creer en las Instituciones y de que éstas, perdida su legitimidad, se disgreguen de forma irremediable.

Han transcurrido dos meses y 23 años. Aún así, no estamos dispuestos a ponernos nerviosos. A lo largo de 23 años hemos dado suficientes muestras de paciencia. Nuestra agenda está permanentemente abierta. Seguiremos con las puertas abiertas al diálogo y a la negociación, como lo hemos hecho siempre. No obstante, con la misma serenidad, pero con firmeza y determinación, anuncio que el Gobierno Vasco está dispuesto a cumplir el mandato de este Parlamento.

Continuaremos desarrollando iniciativas que nos permitan seguir aumentando nuestro autogobierno en beneficio de las ciudadanas y ciudadanos vascos.

Que nadie venga ahora a rasgarse las vestiduras, porque así lo hemos venido haciendo en el pasado. Ahí están las políticas de ayudas y subvenciones relacionadas con la protección al empleo, la reinserción de personas desempleadas, la formación ocupacional y contínua. Todas las políticas de lucha contra la exclusión social. Las políticas de asistencia sanitaria y social en los centros penitenciarios. Las políticas de atención y protección de menores, en colaboración con las Diputaciones Forales. Las políticas de promoción empresarial, de modernización tecnológica, de internacionalización y de apoyo de las PYMEs. La política de Investigación y Desarrollo. Los regadíos, ante el retraso del cumplimiento del Estado de las obras hidráulicas de interés general en Euskadi…, etcétera, etcétera, etcétera.

Todas estas políticas, las hemos venido ejecutando desde hace años con toda normalidad las administraciones vascas, a pesar de que no se han producido las transferencias correspondientes.

Evidentemente, esto ha comportado un sobreesfuerzo de medios económicos, materiales y humanos pero, de no haberlo hecho así, no disfrutaríamos de los niveles de bienestar y de servicios que tenemos en los ámbitos señalados.

Hay que decirlo alto y claro: la falta de transferencias supone un castigo político, social y financiero del Gobierno español al conjunto de la sociedad vasca. Así de rotundo.

Sin estridencias, sin poner en cuestión la seguridad jurídica de la sociedad vasca, sin precipitaciones y con arreglo a previsiones legales y normativas, vamos a dar respuesta al mandato del Parlamento, de conformidad con las resoluciones aprobadas el pasado 12 de julio.

En este sentido, desarrollaremos iniciativas en aquellas materias en las que el Estado no quiere proceder a la transferencia de los medios materiales y humanos a Euskadi para financiar su ejecución. En tanto no se produzca la correspondiente transferencia, estamos dispuestos a asumir inicialmente el mayor coste económico que ello supone, en términos de anticipo a regularizar. No podemos renunciar a aumentar el bienestar de la sociedad vasca, a pesar de que el Gobierno español hace un uso indebido de los instrumentos financieros en su poder, defraudando a los ciudadanos y ciudadanas vascas varios cientos de millones de euros anualmente en estas materias.

Estas son algunas de las iniciativas que vamos a adoptar para dar cumplimiento al mandado del Parlamento y profundizar en nuestro autogobierno.

Se procederá a la ampliación efectiva de la Ertzaintza en los 200 agentes, cuya urgente necesidad quedó sobradamente explicada y probada en la Comisión de Seguridad el 21 de mayo y en este Parlamento el 28 de junio.

En este sentido, se procederá a regularizar los flujos financieros derivados de esta medida mediante el correspondiente descuento de la cantidad de cupo a abonar al Estado, tal y como se recogió en el último acuerdo de cupo negociado el pasado mes de marzo.

Se procederá a reagrupar, a través de un único programa multidepartamental, las ayudas y el presupuesto que actualmente se destina a esta área a través de diferentes departamentos, -principalmente educación, industria y agricultura-, potenciando sus actuaciones, impulsando la Red Vasca de Tecnología, e intensificando el desarrollo del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El Gobierno Vasco, en aplicación de su actividad de fomento, y en tanto no se produzca la transferencia, procederá a instaurar en el Departamento de Cultura un programa específico de apoyo a la cinematografía a lo largo de la presente legislatura.

Ampliaremos las funciones de los laboratorios autonómicos existentes para que, a través de los mismos, se lleven a cabo las labores de apoyo técnico y de investigación a las obras públicas de la CAPV; en virtud de nuestras competencias exclusivas para la promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica.

De conformidad con los compromisos recogidos en el programa de Gobierno, se procederá a reagrupar las diferentes medidas de apoyo y promoción existentes a las PYMEs en un único programa multisectorial de apoyo a la pequeña y mediana empresa, a pesar de que sigue sin ser transferido el presupuesto asociado a los programas estatales de la iniciativa PYME de desarrollo empresarial.

OSALAN asumirá funciones concurrentes con el Centro de Investigación y Asistencia Técnica para la Seguridad Laboral, al objeto de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores vascos y reducir las elevadas tasas de siniestralidad laboral que padecemos. Para ello, actuaremos a través de las competencias de ejecución de la legislación laboral y del ejercicio de las competencias exclusivas en materia de sanidad y seguridad e higiene en el trabajo, que ostenta la CAPV.

Mientras no se produzca la transferencia del FROM, la Comunidad Autónoma Vasca contribuirá, como lo hace en otros sectores, al fomento de los productos pesqueros, respetando la competencia estatal de bases de ordenación del sector pesquero. A estos efectos, se propiciará el apoyo a las cofradías y a las cooperativas del mar, se procederá a la promoción de acuerdos intersectoriales entre organizaciones pesqueras y a la cofinanciación de campañas de fomento del consumo de productos de la pesca.

Se desarrollarán programas de protección medioambiental, protección civil, programas de protección de espacios marítimos y medidas normativas relativas al transporte marítimo, actuando a través de las competencias en materia de seguridad pública, la protección civil, medioambiente y agricultura, que ostenta la CAV.

De esta forma, lograremos ejecutar la legislación del Estado en relación con el salvamento marítimo en el litoral vasco, así como en materia de vertidos contaminantes al mar.

Se procederá a constituir un foro específico donde se analicen las políticas sectoriales que actualmente desarrollan las instituciones vascas en todos aquellos ámbitos –transporte, medioambiente, ordenación del territorio, protección civil y sanidad- que inciden en la mejora de la gestión de las actividades generadas en los puertos.

En el caso de los aeropuertos, se estudiará ampliar la participación autonómica en la gestión de determinados servicios complementarios en los que el Estado no puede reservarse su gestión directa, en virtud del proceso liberalizador que se ha producido en el ámbito comunitario.

Se impulsará la creación de una estructura ligada a Eusko Trenbideak que, por una parte, gestione las infraestructuras ferroviarias de la CAPV y que, por otra, se constituya en operador de servicios ferroviarios, tanto en las vías de titularidad autonómica como en las vías de titularidad estatal cuando el transporte tenga su origen y destino en la CAV. Esta iniciativa se desarrollará de conformidad con la reciente normativa comunitaria que permite separar la gestión de la infraestructura ferroviaria y la gestión de servicios de transporte.

Se incentivarán los acuerdos sindicales adoptados en el ámbito de la CAV en materia de prestación de servicios auxiliares, de ordenación de plantillas y de otros aspectos referidos al régimen administrativo del personal.

Asimismo, se estudiará la viabilidad de un órgano asesor y consultivo propio en el que participen los agentes implicados, con el objetivo de plantear propuestas que contribuyan a mejorar los servicios que puedan ser acometidos por la CAPV.

Se pondrá en marcha un programa específico que incentive el aseguramiento en la actividad agraria utilizando las competencias de la CAPV en materia de agricultura y de fomento económico.

Asimismo, se presentará un requerimiento de incompetencia al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para que deje de prestar tales servicios a través de ENESA.

En virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara esta materia competencia de las Comunidades Autónomas, continuaremos desarrollando programas de formación continua en el ámbito de nuestra Comunidad.

Diseñaremos un Servicio Vasco de Formación y Empleo que se pondrá en marcha inicialmente a través de una Fundación que aglutine las funciones actualmente ubicadas en diferentes servicios -Observatorio Vasco de Formación Profesional, Consejo Vasco de Empleo, EGAILAN-, y permita planificar el Ente que asumirá los servicios del INEM.

Se procederá a diseñar y ejecutar programas específicos que incidan en la mejora de la situación de las personas encarceladas, al amparo de los títulos competenciales de educación, sanidad, servicios sociales, asistencia a menores, seguridad pública y reinserción.

Se procederá al desarrollo reglamentario de la Ley del Parlamento Vasco 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, en relación con las profesiones turísticas, la información turística y el título-licencia de las agencias de viaje. Asimismo, a través de la citada Ley, se procederá a regular la actividad de los Paradores de turismo existentes en la CAPV, estableciendo las condiciones y requisitos necesarios para obtener la correspondiente clasificación.

Plantearemos el desarrollo de medidas normativas dirigidas a incrementar la protección del pequeño inversor y a la creación de un servicio de reclamaciones específico en el ámbito financiero, en aplicación de las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución de las leyes de bases que el Estatuto atribuye a Euskadi.

Se procederá al desarrollo normativo en las políticas referidas al transporte marítimo, fluvial, ferroviario y por carretera, para proceder a regular los servicios de transporte, y la ordenación de los diferentes espacios físicos e infraestructuras en los que éstos se desarrollan.

La legislación electoral municipal es una competencia que el Estatuto atribuye a los Territorios Históricos con la única limitación de respetar la normativa básica estatal en materia de procesos electorales.

De esta forma, son los Territorios Forales los competentes para elaborar las normas y la organización de los procesos electorales municipales, respetando el contenido esencial del derecho al sufragio explicitado en la LOREG.

Si los Territorios Históricos, a través de las normas forales correspondientes, decidieran ejercitar esta atribución exclusiva, el Gobierno Vasco se compromete a impulsar y coadyuvar en la organización de los procesos electorales municipales, poniendo a disposición de las Diputaciones Forales los recursos de seguridad y los medios informáticos precisos.

A la CAPV le corresponde, por un lado, el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica estatal en materia de Seguridad Social y, por otro, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. A este respecto, se procederá a desarrollar una normativa propia en esta materia para el establecimiento de una estructura que coordine todos los servicios relacionados con el bienestar y la Seguridad Social, en el ámbito de la CAPV.

Hasta aquí, les he adelantado algunas de las medidas e iniciativas concretas que piensa desarrollar el Ejecutivo Vasco a lo largo de esta legislatura, para dar respuesta al mandato del Parlamento.

Pero, además, quiero informarles que el Gobierno elaborará un anexo que se incorporará anualmente a los presupuestos, en el que se recogerá el importe económico que supone la no transferencia de las materias pendientes por parte del Estado. Incluiremos, a su vez, en este anexo el gasto que el Gobierno Vasco dedica al desarrollo de materias no transferidas, configurándose, como producto de todo ello, una cuenta de crédito pendiente de regularizar con el Estado que se incorporará en el esquema de negociación del Cupo.

Quiero ser muy claro. Vamos a ser prudentes. Vamos a utilizar los títulos competenciales y la normativa existente, pero no vamos a renunciar, en ningún caso, a profundizar en nuestro autogobierno para incrementar el bienestar de la sociedad vasca.

Así pues, en los próximos meses la sociedad vasca podrá constatar cómo el Gobierno, en el ejercicio de su responsabilidad, seguirá invirtiendo en materias aún no transferidas o sin regularización financiera por parte del Estado. Asimismo, la sociedad vasca comprobará el desarrollo de iniciativas dirigidas a sentar las bases de la administración de los servicios públicos no transferidos como empleo, formación o seguridad social; sin descartar normativas en relación a la creación de órganos específicos para ello y a regular las posibilidades de sustitución o presencia autonómica en aquel sector público estatal, sea industrial, financiero, de transportes o de otra naturaleza, cuya radicación sea la Comunidad Autónoma.

La sociedad vasca está expectante. Nos está mirando. Está esperando de sus representantes políticos soluciones. El Lehendakari y su Gobierno no estamos dispuestos a defraudar esa esperanza.

No nos resignamos al callejón sin salida que presenta ETA. Un camino de odio y de frustración. Un camino hacia ningún sitio. Tampoco nos resignamos al inmovilismo, al bloqueo y a la negativa permanente de soluciones que plantea el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Porque es un camino que no nos acerca a la paz y nos conduce a la crispación social.

La sociedad vasca no desea reproducir debates estériles sobre el pasado y tampoco desea verse arrastrada a un escenario permanente de confrontación y de división social.

La sociedad vasca está harta de la violencia. Está harta de imposiciones y chantajes. Está harta de mensajes negativos.

No es cierto que seamos una "sociedad inmadura", como alguien nos calificó con rencor después de las pasadas elecciones. Somos un Pueblo sensato y milenario que tiene mayoría de edad suficiente para ser dueño de su propio destino.

La sociedad vasca quiere soluciones. Quiere mirar al futuro sin renunciar al pasado. Quiere avanzar.

Para dar respuesta a esta esperanza, es preciso articular un nuevo pacto político que adecue nuestro marco de autogobierno a los deseos mayoritarios de la sociedad vasca actual, utilizando los instrumentos y las potencialidades que contempla el propio Estatuto de Gernika.

Esta es la apuesta estratégica de futuro y el proyecto de solución que, como Lehendakari, quiero plantear a la sociedad vasca.

No se trata de renunciar al camino recorrido, ni tampoco de minusvalorar el grado de bienestar alcanzado gracias a la gestión eficaz de las competencias asumidas a través del Estatuto vigente.

Se trata de construir un nuevo proyecto de convivencia basado en la libre asociación y en la soberanía compartida y no en la subordinación y en la imposición de una determinada visión del Estado, al margen de la voluntad del Pueblo Vasco.

Porque, como ya he trasladado públicamente en esta Cámara, debemos admitir de una vez, que el problema de normalización política no estriba solamente en solventar quién tiene que gestionar una u otra competencia. La solución del problema de normalización política estriba en asumir que el Pueblo Vasco no es una parte subordinada del Estado, sino un Pueblo con identidad propia, con capacidad para establecer su propio marco de relaciones internas y para incorporarse por libre asociación a un verdadero estado plurinacional.

A pesar de la sordina interesada que se han puesto a determinadas decisiones democráticas de la sociedad vasca, la terca realidad está ahí, y mirar para otro lado no va a contribuir a solucionar el problema histórico de normalización política y de convivencia que seguimos sufriendo.

Y la terca realidad es que el Parlamento Vasco, el 15 de febrero de 1990, por mayoría absoluta de 38 votos, y sin contar con el apoyo de Herri Batasuna, proclamó: "el Pueblo Vasco tiene derecho a la autodeterminación. Este derecho reside en la potestad de sus ciudadanos para decidir, libre y democráticamente, su estatus político, económico, social y cultural, bien dotándose de un marco político propio o compartiendo, en todo o en parte, su soberanía con otros Pueblos".

Y la terca realidad es que en las pasadas elecciones autonómicas, en las que votaron 8 de cada 10 ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca, la mayoría ratificó un programa que defendía el derecho de la sociedad vasca a ser consultada para decidir su propio futuro.

La realidad es que el Parlamento Vasco, el pasado 12 de julio, aprobó desarrollar las potencialidades del actual Estatuto e iniciar la elaboración de un nuevo pacto político con el Estado que responda a las aspiraciones mayoritarias de la sociedad vasca, libre y democráticamente expresadas.

Esta es la realidad, y no encararla no sólo es un ejercicio de irresponsabilidad política, sino un fraude a los deseos y aspiraciones legítimas de una mayoría social vasca que quiere avanzar en un proyecto de solución y de convivencia.

Es preciso, por tanto, encarar la realidad y plantear un nuevo pacto político que sea capaz de recoger y asumir la voluntad democrática de la sociedad vasca.

Como ustedes saben, en el Pleno celebrado el pasado 25 de octubre, ya planteé la necesidad de desarrollar las potencialidades del Estatuto para lograr un nuevo pacto, un nuevo punto de encuentro para la convivencia. Avancé los principios y las bases del proyecto sobre las que, en mi opinión, debería articularse este nuevo Pacto. Lo hice con un propuesta abierta y como aportación para el debate que se debería sustanciar en el seno de una Comisión sobre Autogobierno constituida al efecto.

El resto ya lo conocen ustedes suficientemente, porque han sido protagonistas directos del trabajo exhaustivo de esa Comisión Parlamentaria a lo largo de seis meses. Trabajos que dieron lugar a un dictamen aprobado en el Pleno de la Cámara, el pasado 12 de julio, que ratificó íntegramente las bases propuestas el 25 de octubre de 2001.

A este respecto, deseo trasladar a la opinión pública vasca y española que es voluntad firme de este Lehendakari y de los tres partidos que sustentan el Gobierno Vasco, el continuar avanzando en este proyecto de solución. Vamos a llegar hasta el final, porque estamos convencidos de que es el camino que representa los deseos mayoritarios de la sociedad vasca.

Las puertas del proceso van a estar permanentemente abiertas a la participación de representantes de todas las sensibilidades políticas existentes en la sociedad vasca pero, anuncio desde ahora, que no vamos a admitir derechos de veto que nos encadenen al fondo del pozo.

Se hace camino al andar, y si tenemos que iniciar el recorrido con nuestras propias fuerzas, así lo haremos, porque consideramos que tenemos la fortaleza política y la legitimidad social suficiente. Al final será la propia sociedad vasca la que ratifique, premie o castigue, la validez del resultado alcanzado.

Quiero seguir impulsando, en primera persona, este camino de solución. Para ello, en este Debate de Política General deseo dar dos nuevos pasos importantes.

En primer lugar, voy a clarificar el proyecto, exponiendo el contenido de la propuesta de un nuevo Pacto para la Convivencia.

En segundo lugar, voy a plantear los hitos fundamentales del proceso a seguir para el desarrollo y materialización del mismo.

El objetivo es alcanzar un pacto para la convivencia basado en el reconocimiento del derecho del Pueblo Vasco a ser consultado para decidir su propio futuro. Este pacto se sustenta sobre tres pilares fundamentales:

El Pueblo Vasco es un Pueblo con identidad propia en el conjunto de los Pueblos de Europa. El Pueblo Vasco es depositario de un patrimonio histórico, social y cultural singular, que pertenece, sin que nadie lo pueda monopolizar, a los ciudadanos y ciudadanas de los territorios de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra, Lapurdi, Zuberoa y Benafarroa, situados a ambos lados de los Pirineos.

Este ámbito geográfico en el que se ha asentado el Pueblo Vasco a lo largo de la historia, ha sido conocido con diferentes denominaciones de Vasconia, Reino de Navarra, Euskalherria, País Vasco-Navarro, Euskadi o País Vasco.

El Pueblo Vasco, en la actualidad, se estructura en tres realidades jurídico-administrativas y en dos estados. Por un lado, la Comunidad Autónoma Vasca –que integra a los Territorios Históricos de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa- y la Comunidad Foral de Navarra, ambas ubicadas en el Estado español. Y, por otro lado, los Territorios de Iparralde –Lapurdi, Zuberoa y Benafarroa- ubicados en el Estado francés y sin articulación política propia.

El Pueblo Vasco, a lo largo de su historia no se ha configurado, ni podrá hacerlo nunca, como una realidad excluyente –nadie ha estado ni está excluido de pertenecer al mismo si así lo desea-, sino como una realidad social viva, fruto de la autoidentificación individual y voluntaria con un sentimiento de identidad vasco que, además, en muchos casos, es compatible con el sentimiento de pertenencia a otras realidades nacionales o estatales.

Este sentimiento de pertenencia al Pueblo Vasco va más allá de normas jurídicas o de fronteras políticas. Porque los sentimientos de identidad nacional no se pueden imponer ni se pueden prohibir por decreto, ley o constitución alguna. Hay que aceptar con toda naturalidad el que cada persona pueda tener el sentimiento de pertenencia y de identidad que desee, tal y como se recoge expresamente en la Carta de los Derechos Humanos.

El Pueblo Vasco tiene derecho a ser consultado para decidir su propio futuro, tal y como este Parlamento aprobó por mayoría absoluta en el año 90, y de conformidad con el derecho de autodeterminación de los Pueblos, reconocido internacionalmente, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, en su artículo 1º proclaman: "Todos los Pueblos tienen el derecho de libre determinación, en virtud de este derecho, establecen libremente su condición política y proveen, asimismo, a su desarrollo económico, social y cultural.

Estos pactos, además, han sido incorporados al bloque de constitucionalidad del Estado español, mediante instrumento de ratificación del 13 de abril de 1977.

El ejercicio del derecho a decidir su propio futuro que le corresponde al Pueblo Vasco, se materializa desde el escrupuloso respeto al derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas de los diferentes ámbitos jurídico-políticos en los que actualmente se articula, a ser consultados para decidir su propio futuro. Esto es, respetando la decisión de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma Vasca, la decisión de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Foral de Navarra, así como la decisión de los ciudadanos y ciudadanas de Iparralde, tanto para establecer el vínculo de relaciones internas que desean mantener entre sí mismos, como el vínculo de relaciones que desean mantener con los Estados en los que se ubican.

planteamos al Estado español un nuevo Pacto Político para la convivencia, basado en el reconocimiento de nuestra identidad nacional y en la libre asociación a un estado plurinacional.

En definitiva, desde el ámbito de representación de la Comunidad Autónoma Vasca como parte integrante del Pueblo Vasco, y en desarrollo de nuestra capacidad de decidir libre y democráticamente nuestro propio futuro, planteamos una nueva etapa de relación con el Estado español sobre la base de un nuevo status de libre asociación.

Sobre la base de partida de las potencialidades del actual régimen de autonomía que establece el Estatuto de Gernika, planteamos una profundización de nuestro autogobierno en los siguientes términos:

1) El reconocimiento jurídico de nuestra identidad nacional y el derecho a decidir nuestro propio futuro.

El reconocimiento del derecho que tiene el Pueblo Vasco a ser consultado para decidir su propio futuro, esto es el marco de relaciones internas y externas que desea tener, desde el respeto a la voluntad de los distintos ámbitos territoriales y jurídico-políticos en los que actualmente se articula.

Desde la Comunidad Autónoma Vasca, y en el ámbito de decisión que representamos como parte integrante del Pueblo Vasco, queremos articular nuestro derecho a decidir nuestro propio futuro a través del reconocimiento de la capacidad plena para regular y gestionar la realización de consultas democráticas a la sociedad vasca por vía de referendum.

Asimismo, atendiendo a la plurinacionalidad del Estado español, y de conformidad con el reconocimiento de nacionalidad expresamente recogido en el Estatuto de Gerniuka, planteamos que se reconozca, con toda naturalidad, la nacionalidad vasca, a efectos jurídicos, políticos y administrativos.

Una libertad sustentada sobre el derecho que les asiste a las ciudadanas y ciudadanos de los Territorios de la CAV (Alava, Bizkaia y Gipuzkoa) y a los de la Comunidad Foral de Navarra, a establecer los vínculos políticos y las relaciones internas que consideren más adecuados para su desarrollo y bienestar político, social, económico y cultural, sin más limitación que su propia voluntad.

Quiero que quede claro de una vez por todas, que sólo a las navarras y a los navarros les corresponde decidir su propio futuro. Desde esta premisa de respeto, no se pueden imponer ni impedir, por parte de nadie, los cauces e instrumentos de relación que decidan establecer libremente los propios ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra.

Planteamos profundizar el marco de relaciones entre los Territorios vascos situados a ambos lado de los Pirineos para estrechar los especiales lazos históricos, sociales y culturales existentes con los Territorios de Iparralde, ubicados en el Estado francés. Para ello, se propone la utilización más amplia y flexible de la normativa comunitaria y de los tratados que posibilitan la cooperación transfronteriza entre territorios pertenecientes a distintos estados de la Unión Europea.

Un poder judicial que, junto con el poder legislativo y ejecutivo, complete los tres poderes de nuestro autogobierno. Esto supone disponer de un poder judicial en el que se agoten todas las instancias judiciales en Euskadi y la sustitución del Estado en la Administración de justicia en nuestra Comunidad, sin más limitación que la aplicación de los mismos principios procesales y derechos fundamentales que rigen en el Estado, y con el diseño de un marco de coordinación y cooperación con el ámbito estatal y europeo.

Lo que implica una autonomía plena en el diseño de las propias instituciones de autogobierno político. Ello afecta a la exclusividad en la autoorganización, seguridad pública, administración foral y local y derecho privado en el ámbito de la vecindad, familia, relaciones patrimoniales, empresa y sociedad civil.

Desarrollando una política pública autónoma que permita preservar las señas de identidad cultural en todo el sistema de formación y transmisión del conocimiento. Esto comporta la competencia exclusiva en el ámbito de la cultura, la lengua y la educación, y también la competencia exclusiva en aspectos emblemáticos tales como la representatividad internacional de las manifestaciones culturales y de las selecciones nacionales de las federaciones deportivas vascas, que así lo deseen.

7) Desarrollar un ámbito sociolaboral, económico y de protección social propio

A estos efectos, se contempla la gestión autónoma de una política económica propia, el sistema tributario y fiscal, y los sistemas de relaciones laborales, así como los de previsión, bienestar y seguridad social, estableciendo al efecto los mecanismos de solidaridad y cooperación precisos con el Estado y con Europa.

Supone la exclusividad, en el territorio vasco, de las actuaciones públicas para la sostenibilidad medioambiental, el régimen del suelo, la titularidad de los recursos naturales y de todas las infraestructuras de comunicaciones.

9) El establecimiento de un sistema bilateral de garantías con el Estado, que impida la modificación unilateral del Pacto suscrito

Si estamos hablando de un Pacto y de un modelo de cosoberanía libre y voluntariamente compartida, es preciso establecer un régimen de garantías mutuo que impida la restricción, modificación o interpretación unilateral del pacto suscrito.

A estos efectos, se podrán plantear diversas fórmulas en función del tipo y carácter de las competencias asumidas.

Para aquellas políticas públicas en exclusividad, las normas jurídicas externas que les afecten sólo podrán alcanzar su efectividad plena en el ámbito del País Vasco previa ratificación del Parlamento Vasco.
En el resto de materias será preciso articular foros y normas de conciliación para dirimir pacífica y democráticamente los conflictos, en caso de desacuerdo.

El Pueblo Vasco forma parte de Europa desde los albores de la historia, y la Unión Europea se configura hoy como un espacio en el que deben de tomar cuerpo las futuras relaciones sociales, económicas, políticas y culturales entre las instituciones vascas y las instituciones españolas y europeas.

En el espacio europeo, afortunadamente, están superados, social e intelectualmente, debates aún pendientes de resolver en el Estado español. Aspectos fundamentales y principios democráticos tales como, la libre asociación, el derecho democrático a decidir de los Pueblos, la soberanía compartida, la cooperación transfronteriza o el respeto a las identidades de las naciones sin estado, son asumidas con toda la normalidad en el ámbito europeo y deben marcar las pautas a seguir por el Estado español.

Las Instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca queremos tener una presencia directa en las Instituciones europeas en defensa de nuestras competencias exclusivas y en representación de nuestra propia identidad. No planteamos nada que no esté previsto en el Tratado de la Unión Europea, como así lo atestigua la presencia y el protagonismo de numerosas regiones y naciones, presidiendo, incluso, los Consejos.

En todo caso, y de cara a la reforma de los tratados de la Unión para el año 2004, queremos plantear nuestra relación con Europa, a través de un "estatus de región o nación asociada", como fórmula avanzada de participación que en estos momentos la propia Convención Europea está analizando. En definitiva, planteamos que nuestra especificidad, y la de otras naciones europeas, deben de tener una referencia expresa en la nueva constitución europea.

Asimismo, y de conformidad con la aplicación más amplia del derecho internacional, queremos poder tener voz propia en el mundo y en los organismos internacionales, así como la capacidad de firmar tratados internacionales para promover nuestros intereses económicos, culturales e institucionales, en defensa de nuestra identidad como Pueblo.

Para una gran parte de los vascos, los Fueros, los Derechos Históricos del Pueblo Vasco, siguen siendo nuestra verdadera constitución.

En todo caso, si existe voluntad política, si se quiere resolver el denominado problema vasco, si se desea alumbrar un verdadero proyecto de normalización política y de convivencia, existen procedimientos e instrumentos en el actual ordenamiento jurídico que se pueden utilizar perfectamente.

El procedimiento está previsto en el artículo 46 del Estatuto de Gernika, y los instrumentos son los siguientes:

"La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico"

- El pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966.

- El pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 19 de diciembre de 1966.

- La legitimidad democrática de la voluntad de la sociedad vasca expresada mediante referendum y articulada a través de sus instituciones representativas.

Si reconocemos la existencia de un problema político tenemos que encontrar una solución política y pactada. No es verdad que tengamos un problema jurídico, es un problema de voluntad política y democrática.

El nuevo modelo de relación que planteamos encaja perfectamente con una interpretación abierta y flexible de la Constitución basada en la plurinacionalidad del Estado, según defienden expertos constitucionalistas españoles.

Es un modelo, además, que no pretende ser privativo para Euskadi. Podría perfectamente ser un modelo relacional para otros pueblos y nacionalidades del Estado español, desde una concepción del mismo como una estructura federal asimétrica, defendida por destacables representantes del Partido Socialista y, por supuesto, desde una concepción de federalismo de libre asociación que defiende Izquierda Unida.

Pero diré más, este modelo de relación basado en la libre asociación y en la soberanía compartida, es utilizado y reconocido en el ámbito europeo y en el concierto internacional. Este modelo está en la base de la propia construcción de Europa e, incluso, ha sido el fundamento de estados europeos y de otros existentes en el mundo occidental.

Se trata, en definitiva, de una propuesta que utiliza las bases jurídicas y políticas que en Europa Occidental se han utilizado y se están utilizando para resolver, pacífica y democráticamente, los conflictos que se derivan de la existencia de hechos nacionales diferenciados en el seno de un mismo estado o de los conflictos de relación que surgen entre hechos nacionales que atañen a diferentes estados.

Estamos ante uno de los grandes debates que el mundo debe afrontar en el siglo XXI, esto es, cómo dar encaje jurídico, social y político a las realidades nacionales. Cómo respetar la personalidad de las naciones que no son estado. Cómo canalizar su presencia, sus derechos e inquietudes. Cómo establecer un marco de relaciones ante un nuevo orden mundial que no se puede basar en la eliminación de las señas de identidad y en la imposición, sino en el respeto y en la libre asociación.

Este es, también, nuestro reto y nuestro desafío. De que seamos capaces de afrontarlo por la vía del diálogo depende nuestra convivencia futura.

Quiero anunciar formalmente que este Debate de Política General marca el inicio del camino para culminar un nuevo pacto político para la convivencia a través de un proceso abierto, flexible, legal y democrático, que sea ratificado por la sociedad vasca.

a) "Apertura".
El proceso no estará circunscrito estrictamente al ámbito de representación política, sino abierto a la participación social. Este principio de apertura implica la no-exclusión, esto es, la libre participación, de todas las sensibilidades políticas y sociales presentes en la sociedad vasca, que así lo deseen.

El proceso siempre estará abierto, el principio de no-exclusión regirá en todas sus fases, pero también va a funcionar el principio de no-veto, no vamos a admitir la obstrucción y el ejercicio del bloqueo.

b) "Flexibilidad".
El proceso se planteará en términos de flexibilidad, sin prejuzgar el resultado final y tomando en consideración las diferentes aportaciones sociales y políticas que a lo largo de sus diferentes fases se puedan incorporar.

c) "Legalidad".
Se atenderá a la vía procedimental contemplada en las normas estatutarias y constitucionales vigentes.
En particular, en la Comunidad Autónoma Vasca se seguirá el procedimiento legal de reforma contemplado en el artículo 46 del actual Estatuto de Autonomía.

d) "Democracia".
La ratificación definitiva del proyecto se realizará atendiendo a la mayoría democrática de la sociedad vasca, mediante referendum.

Esta ratificación definitiva deberá producirse en las condiciones adecuadas para que la sociedad vasca se pueda expresar en libertad en un escenario sin violencia y sin exclusiones.

Una vez fijados los principios o fundamentos que van a regir el desarrollo del proceso abierto, voy a plantear las diferentes fases y compromisos que, en mi opinión, deben marcar el camino a seguir para su consecución.

Como he indicado, quiero anunciar formalmente el inicio del proceso para alcanzar un nuevo pacto político con el Estado. Este debate de Política General marca oficialmente la apertura del proceso.

A este respecto, deseo adelantarles que es mi intención iniciar a partir de la próxima semana, encuentros bilaterales con todas las fuerzas y sensibilidades políticas presentes en esta Cámara, para invitarles personalmente a participar en el proceso abierto y conocer su disposición a trabajar o participar en su fase inicial o en fases posteriores del mismo.
En esta primera fase, también procederé a la explicación personal de las bases del proyecto y del proceso a los representantes empresariales y sindicales y a las organizaciones sociales y culturales vascas.

Una vez realizada esta primera fase de presentación bilateral a las formaciones políticas y a los agentes económicos, sociales y culturales, vamos a proceder a abrir el proceso de información a la sociedad vasca. La sociedad vasca tiene derecho a conocer, participar y opinar sobre las bases y los principios de este proyecto de solución. Deseamos recabar la opinión y aportaciones de la propia sociedad para incorporarlas a nuestra propia reflexión.

El Gobierno, en el ejercicio de su responsabilidad y de las atribuciones que le reconoce el Estatuto de Gernika, se compromete a elaborar y presentar, en el plazo máximo de doce meses, un borrador de texto articulado, elaborado a partir de las bases aprobadas por esta Cámara y tomando en consideración las aportaciones sociales y políticas que se hayan producido a lo largo de este periodo.

A partir de este primer borrador se procederá a abrir un nuevo proceso de contraste político y social con el objetivo de proceder a la elaboración de una propuesta definitiva.

Esta propuesta será objeto de información y contraste con la sociedad vasca, de manera previa a su remisión al Parlamento Vasco para su tramitación, de conformidad con el procedimiento contemplado en el Estatuto de Gernika, para abrir, a continuación, los procedimientos pertinentes de negociación y pacto con el Estado.

Se procederá a la ratificación definitiva en referendum por parte de la sociedad vasca del Pacto político alcanzado con el Estado o, en su caso, del proyecto aprobado por el Parlamento Vasco, en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones.

He presentado una iniciativa para la convivencia. Hemos iniciado el proceso. Quiero ser muy claro y transmitir a la sociedad vasca mi firme compromiso personal de recorrer este camino. Sabemos que no va a resultar sencillo, pero queremos reivindicar la esperanza. Queremos reivindicar las soluciones. Queremos reivindicar el futuro.

No vamos a desmayar. Al contrario, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir tomando la iniciativa para plantear una solución democrática, sin violencia y sin imposiciones. Una solución basada en la libre asociación y en el derecho de la sociedad vasca a decidir su propio futuro.

Hemos avanzado mucho en estos últimos 23 años. Entre todos, hemos conseguido construir un país moderno y solidario. Una país edificado ladrillo a ladrillo, día a día, con la cultura del trabajo, del esfuerzo y de las cosas bien hechas. Estas son las claves del éxito de cualquier proyecto.

Hoy tenemos un país que crece económicamente, que está entre los primeros del mundo en el índice de desarrollo humano, que no deja en la cuneta a los más desfavorecidos, que tiene unos servicios educativos y sanitarios ejemplo de referencia de todo Europa.

Vamos a edificar sobre lo ya construido. Y lo vamos a hacer en la presente legislatura. No tenemos derecho a retrasar por más tiempo la normalización política. No tenemos derecho a trasladar a nuestros hijos e hijas los viejos problemas de nuestra generación. Tenemos que ser capaces de poner a la disposición de la próxima generación un nuevo marco para la convivencia.

Sabemos dónde queremos ir y tenemos alternativa. Pero, lo que es más importante, estamos convencidos de que contamos con el apoyo de la sociedad vasca para conseguirlo.