RAFAEL AGUIRRE. Catedrático de Teología en la Universidad de Deusto

 

Otra vez una intervención de los obispos vascos ha suscitado reacciones de alto voltaje emocional, algunas disparatadas y muy condicionadas por intereses políticos. Sin duda que los autores tenían que contar con ello porque siempre sucede. Los obispos se declaran muy preocupados por «la convivencia gravemente alterada» de nuestra sociedad que, como consecuencia de la pastoral, y al menos de forma inmediata, se ha alterado aún más y, lo que es peor, se ha introducido en el interior de la Iglesia, cuya capacidad de ser lugar de encuentro y comunión es un valor de excepcional importancia en esta hora de la sociedad vasca. Pero llegado al punto en el que estamos, nada se arregla con acallar una voz, siempre que se exprese de forma ponderada y razonada.

No sé si la preocupación por las repercusiones de la Ley de Partidos Políticos ha estado en el origen inmediato de la pastoral, pero ciertamente -como era fácilmente previsible- se ha convertido en el tema estrella, en el que se han centrado preferentemente las reacciones. Los obispos reconocen que se trata de «un punto candente y resbaladizo» (nº 8). Pues sinceramente creo que se han resbalado y se han caído, porque se han metido en un terreno en el que hay diversas opiniones políticas legítimas, en el que como obispos no debían entrar. Yo defendí a los obispos cuando eran duramente criticados por no suscribir el Pacto por la libertad y contra el terrorismo, porque no era propio que la Iglesia se sumase a un acuerdo de naturaleza política y, por eso, me siento legitimado para mostrar ahora en público mi discrepancia con su toma de postura política. Nótese que los obispos afirman que no hacen «una valoración moral» del texto, única perspectiva que podría justificar su intervención, sino que ponderan algo tan aleatorio y discutible como son las consecuencias de un proyecto legal. ¿Por qué no se pronunciaron ante el Pacto de Lizarra, que introdujo una fortísima ruptura en la sociedad vasca, ni cuando el PNV-EA pactó con ETA para marginar de la vida política a los no nacionalistas? La Iglesia suele ser muy cuidadosa no sólo con sus palabras, sino también con los momentos que elige para sus pronunciamientos. Por eso no resulta aceptable que esta declaración en contra de la Ley de Partidos se realice cuando se está preparando en Bilbao, por parte de los grupos nacionalistas, una gran manifestación contra ella.

Hay una afirmación importante en la pastoral que, al menos, se presta a interpretaciones insostenibles doctrinalmente. No quiero atribuir a los obispos lo que no estoy seguro de que digan (aunque en estas cosas tanta oscuridad debería evitarse), pero yo no creo que en vista de «las consecuencias sombrías» que podría tener la ilegalización de Batasuna, ésta deba evitarse «sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA». Pienso exactamente lo contrario: que los terroristas y sus adláteres han gozado durante mucho tiempo de una impunidad escandalosa para hacer apología del terrorismo, para contaminar con sus consignas y pancartas todos los espacios festivos, para chantajear a personas y comercios y conseguir dinero, para insultar y amenazar abiertamente a concejales y parlamentarios, para reunirse y organizar en sus locales la kale borroka , para tejer una red mafiosa. Una democracia debe usar los instrumentos legislativos, judiciales y policiales para impedir estos abusos. No enfrentarse a la bestia por miedo a que se enfurezca no hace más que acrecentar su fiereza y su dominio despótico sobre su entorno. Hay que decirlo muy claro porque están en juego la educación moral y cívica de los ciudadanos y la supervivencia de la democracia. En resumen, en el punto de la Ley de Partidos los obispos asumen indebidamente la postura del nacionalismo vasco, tan legítima como discutible.

Sin duda la pastoral está llena de oportunas enseñanzas expresadas sin ningún tipo de ambigüedad: la condena de la violencia de ETA, el apoyo a los amenazados hasta el punto de afirmar que «defenderlos, acompañarlos y protegerlos... es un verdadero banco de prueba de la calidad de nuestra fe», la necesidad de un proyecto integrador de la pluralidad existente en la sociedad vasca. Sin embargo, suscribo plenamente la crítica de Joseba Arregi cuando, al propugnar la relativización de las diversas posturas políticas, parece ponerse al mismo nivel el Estatuto, legitimado democráticamente, y cualquier otro proyecto político. Pero animado por la invitación al diálogo quiero decir algo más.

La jerarquización de los problemas es muy importante a la hora de afrontarlos. Pues bien, el problema primero y más grave de la sociedad vasca no es el desencuentro de los políticos, lamentable y real, que los obispos ponen en primer lugar, sino la existencia de la violencia terrorista, que atenta contra la vida, que impide la existencia de una libertad real en el País Vasco, y que condiciona y desvirtúa toda la vida social. Más aún, creo -y en esto también discrepo de los obispos- que es la violencia terrorista lo que impide que haya paz en el sentido civil del término en el País Vasco. Todos los demás problemas, por complejos que sean, son de una naturaleza cualitativamente diferente y son normales en una sociedad democrática. En mi opinión, hay reivindicaciones que deben aparcarse hasta que no desaparezca la violencia terrorista, porque sólo entonces podrán afrontarse con libertad y en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.

Tienen razón los obispos cuando critican a quienes «confunden nacionalismo con terrorismo». Tal equiparación se da a veces fuera de Euskadi, pero a nuestros obispos les hubiera podido preocupar el fenómeno mucho más corriente entre nosotros, y lleno de peligros, de ver cómo se tacha de fascista o españolista (lo que, además, es racismo puro) a los concejales del PP y del PSOE. También comprendo que por razones de humanidad, en atención sobre todo a sus padres y familiares, se abogue por un acercamiento de los presos a su lugar de origen. Pero también habría que hablar de la manipulación de los presos y de sus familiares por el entorno etarra; y decir que las razones humanitarias obligan a que la política penitenciaria garantice la libertad de decisión de los presos, que con frecuencia son rehenes de la propia organización terrorista, que les impide acceder a ventajas penitenciarias a las que tendrían derecho. En mi opinión, los obispos asumen la óptica nacionalista a la hora de abordar tan complejos problemas, sin duda condicionados por el entorno en que se mueven, pero sin atender ni escuchar suficientemente a otras visiones tan legítimas.

No quiero acabar estas reflexiones sin abordar un problema que me parece de especial importancia para la Iglesia. Porque esta pastoral calla sobre problemas decisivos que le afectan a ella de un modo muy directo. Me refiero a la existencia de un nacionalismo absolutizado, convertido en ideología idolátrica, al que hay que entregar la propia vida y, por supuesto, la de los demás. Alguien ha dicho que «la Iglesia es la institución a la que más mal ha hecho ETA». No se cómo entendía la frase quien la pronunció, pero tiene un sentido muy profundo y verdadero. ETA no amenaza ni atenta contra los curas, pero es la expresión de una ideología que ha desertizado la conciencia moral de muchísimos vascos y que ha sustituido con una superchería quimérica la religiosidad cristiana tan acendrada antes en amplios sectores del pueblo vasco. Un nacionalismo vasco exacerbado ha sido capaz incluso de sofocar los más elementales sentimientos de piedad ante las víctimas. A la Iglesia vasca le falta coraje y perspicacia para combatir la idolatría, un concepto fanatizante de pueblo, que ocupa el lugar de Dios. Es necesaria la crítica moral contundente del terrorismo de ETA, pero una tarea específica de quienes creemos en el misterio amoroso e inefable de Dios es la crítica ideológica, sin complejos y con libertad, de la superchería y de los ídolos con que se envenena a buena parte de la sociedad vasca. Según una encuesta muy solvente sobre la autoidentificación religiosa de los jóvenes, realizada en 1999, se declaran ateos el 48% de quienes se identifican con HB, el 24% del PNV-EA y el 11% del conjunto de la población juvenil española. ¿Qué es lo que ha sucedido con la fe cristiana y con la Iglesia en el País Vasco? ¿No se echa en falta en el documento episcopal el ir a las raíces de un fenómeno que les afecta como maestros de moral y testigos de la trascendencia?