Parroquia de Vera. Malvarrosa. Valencia

“Hay razones fundadas para hacer la huelga.

 Yo no veo que esta huelga sea injusta”

(Carlos Amigó, Arzobispo de Sevilla)

 Tiene plena razón el Arzobispo de Sevilla cuando da su apoyo a la huelga general del 20-J, porque, como dicen los Movimientos Apostólicos de la Iglesia (HOAC y JOC), es una huelga por la dignidad de la persona y, por eso, plenamente justificada. 

La huelga ha sido convocada porque, ciertamente, todos coinciden en que el Real Decreto para la Reforma del Sistema de Protección por Desempleo del 24 de mayo atenta seriamente contra los trabajadores y se posiciona a favor del capital.

Los aspectos más importantes de esta ley son:

* Modificación del subsidio para el régimen especial agrario, que busca su progresiva eliminación;

* Supresión de los salarios de tramitación en el caso de los despidos declarados improcedentes;

 * Redefinición del concepto de empleo adecuado desligándolo de la formación y categoría profesional, obligando a aceptar cualquier trabajo;

* Limitación de la protección por desempleo de los fijos discontinuos y emigrantes retornados;

* Establecimiento de la no cotización por desempleo a los colectivos afectados por el contrato de inserción;

* Compatibilización de la prestación por desempleo con un salario, para favorecer exclusivamente a los empresarios.

Estos recortes son injustificados si, según parece, existe un superávit en el presupuesto del INEM por encima de los 3.000 millones de euros y castigan a los más débiles, especialmente a las mujeres y jóvenes por estar sometidos a una mayor precariedad. 

Una ley como ésta,

* que no contribuye en absoluto a fortalecer la cohesión social,

* que coloca a gran parte de los trabajadores ocupados en situación de debilidad frente a la parte empresarial

* y sirve, además, para transmitir a la sociedad un mensaje de que quienes perciben prestaciones, en muchas ocasiones, no desean trabajar (cuando los datos estadísticos del propio INEM sobre la cuantía de la prestación y el período medio de su duración desbaratan dicha afirmación), hiere la sensibilidad de toda persona de buena voluntad que busca una sociedad más justa y solidaria y, por eso, se comprende que suscite una oposición tan firme de todos los trabajadores y trabajadoras. 

Nosotros, cristianos y cristianas que desde nuestros criterios sociales y evangélicos creemos que la sociedad debe organizarse desde el servicio a los más pobres y teniendo siempre presente a la persona humana, vemos esta huelga plenamente justificada. 

Por eso hacemos nuestras las razones que los Movimientos Apostólicos de la Iglesia han manifestado al apoyar la huelga, denunciando así “el liberalismo del Gobierno, que parte de la concepción de que los pobres son vagos a los que hay que obligar a trabajar. No acabamos de comprender por qué la percepción de un seguro pagado por cada trabajador, o de un subsidio, induce a la vagancia y a la indolencia, y los cientos de miles de millones de pesetas dados a los empresarios conducen a la eficacia económica”[1].

Las medidas económicas de la sociedad no pueden basarse en un “racionalismo económico deshumanizado que reduce al trabajador a la condición de semi-esclavo al servicio de un sistema productivo cada vez más alejado de su principal función: el bien común de las personas”.  

También habría que considerar que la movilidad geográfica preconizada en esta ley no  tiene en cuenta las redes de amistad, familiares y sociales de los trabajadores, convertidos así en “un instrumento más que puede ser alquilado o vendido para cualquier cometido, por cualquier cantidad de dinero y en cualquier lugar de nuestra geografía”. 

En definitiva, consideramos con los Movimientos Apostólicos de la Iglesia que estas medidas son “un atentado contra las familias obreras” que puede provocar su ruptura y su desestructuración. Con este tipo de leyes, lo que se pone de manifiesto es que se da prioridad al capital sobre el trabajo, pues “asume las reivindicaciones del capital y establece medidas para aumentar la indefensión de los trabajadores y transvasar rentas de éstos a los empresarios, como ocurre con la supresión de los salarios de tramitación, que algunos han cuantificado en 80.000 millones de pesetas”. 

Por todas estas razones y porque estamos comprometidos en la construcción del Reino de Dios, que quiere la dignidad de todo ser humano y una sociedad justa, solidaria y fraterna, hacemos nuestra la reivindicación de los trabajadores y trabajadoras, y nos solidarizamos con su lucha por un mundo mejor para todos los hombres y mujeres. 

València, a 15 de junio de 2002 

Parroquia María Inmaculada de Vera