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Manos Unidas,  3/09/2002

En el corazón de los conflictos Burundi: el esfuerzo de sobrevivir al odio étnico 

María Eugenia Díaz

En septiembre, noveno mes de la campaña cuya finalidad es desenterrar del olvido a aquellos conflictos que por su larga duración y su lejanía tienden a quedar relegados en la memoria, MANOS UNIDAS centra su atención en Burundi, pequeño país africano sacudido por la extrema violencia desatada entre dos etnias rivales: los hutus y los tutsis.

A pesar de su pequeño tamaño (menos de 28.000 kilómetros cuadrados), Burundi es uno de los países más densamente poblados de Africa y por desgracia –dadas la escasez de recursos naturales propios y la devastadora acción de la guerra- sus casi seis millones y medio de habitantes dependen en gran medida de la ayuda exterior para poder subsistir.

En el tercer país más pobre del mundo, según el informe de este año del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD), desconocen desde hace cientos de años el significado de la palabra paz. El odio ancestral entre los miembros de la minoría tutsi (menos del 15 por ciento de la población) y la mayoría hutu (cercana al 85 por ciento) está tan enraizado que los burundeses son educados en él desde la cuna. En Burundi se está escribiendo una de las páginas más terribles de la historia de Africa. Los enfrentamientos entre tutsis y hutus han dejado un saldo de decenas de miles de muertos y cientos de miles de desplazados. Al igual que en la vecina Ruanda, los contendientes se emplean con una violencia que escapa a toda comprensión.

Ni los niños, las mujeres, los ancianos o los hombres están a salvo en Burundi de ser víctimas del encono entre etnias. Ni los acuerdos de paz, la presión internacional o las medidas antiviolencia del Gobierno son capaces de frenar estas agresiones que, según muchos expertos, pueden convertir a este país africano en el nuevo polvorín de la zona de los Grandes Lagos.

TUTSIS Y HUTUS: ENFRENTAMIENTOS SECULARES

Podría decirse que la historia de las hostilidades entre las dos etnias predominantes de Burundi se inicia hace más de quinientos años. Los hutus, habitantes originarios de la zona dedicados a la agricultura, fueron dominados por los invasores tutsi o watutsi provenientes de países del norte como Uganda y Etiopía. Los tutsi buscaban tierras más fértiles para su ganado y con la fuerza de las armas consiguieron reducir a los hutus –pueblo poco acostumbrado a la guerra- y convertirlos en esclavos.

Hasta el siglo XIX los reyes tutsi fueron poderosos pero las luchas intertribales minaron la autoridad central favoreciendo la entrada de los alemanes que en 1890 se apoderaron de Burundi, apoyando a los monarcas tutsis, situación que se mantuvo durante el periodo de colonización belga después de la Primera Guerra Mundial. Tras la independencia, conseguida en junio de 1962 se sucedieron cuatro años de extrema violencia hasta que en 1966, tras un golpe de Estado, el entonces primer ministro, Micombero, proclamó la República. En 1971 tuvo lugar una purga que se saldó con la muerte de 350.000 hutus y la huida de otros 70.000.

Con la toma del poder por parte de Jean-Baptiste Bagaza en 1976 se democratiza el país. Bagaza desafía a la burguesía tutsi al poner en práctica un proyecto de redistribución de las tierras y legalizar los sindicatos. En 1979 en el primer congreso del UPRONA (Partido de la Unidad y el Progreso Nacional) se prepara una nueva constitución que entró en vigor en 1981. Con esta ley fundamental se pretendía neutralizar la explotación de la mayoría hutu por parte de la minoría tutsi, además se reconoció la igualdad de derechos de las mujeres respecto a los hombres y se modernizó la estructura política.

El camino hacia la democratización y el final de la violencia parecían cercanos. Pero la situación de calma tensa duró poco. En 1987 Bagaza fue derrocado por el mayor Pierre Buyoya. Once meses después, agosto de 1988, se produjeron en el norte del país una serie de enfrentamientos, consecuencia de la rebelión de los hutus contra los terratenientes tutsi, reprimidos sangrientamente por el ejército de mayoría tutsi. En un intento de pacificar el país, Buyoya designó un primer ministro hutu y un gabinete en el que la mitad de los miembros pertenecían a esta etnia.

En las elecciones de 1993 el Frente para la Democracia en Burundi –compuesto en su mayoría por hutus- ganó las elecciones y su líder Melchior Ndaday accedió a la presidencia del país. Sólo tres meses después Ndadaye es asesinado (junto con el presidente ruandés Habyarimana, por orden del actual presidente ruandés, Paul Kagame, al derribar el helicóptero que les desplazaba a Kigali), provocando las masacres del 94 en uno y otro país). Fue un intento de golpe de Estado que dio lugar a una de las matanzas más crueles de la historia del país. Comienza la guerra civil que dura ya más de ocho años. En este período se sucedieron nuevas presidencias –tutsis o hutus- asesinatos y golpes de Estado que causaron todavía más inestabilidad, represión y violencia entre las milicias partidarias del poder hutu y el ejército controlado por los tutsi.

En julio de 1996 Buyoya dio un nuevo golpe de Estado autoproclamándose, una vez más, presidente del país.

EL ACUERDO DE ARUSHA: REPARTO DE PODER

En agosto de 2000 el presidente Buyoya y parte de las milicias armadas hutus firmaron en Arusha (Tanzania) un acuerdo de paz para compartir el poder. Para lograr esta firma se contó con la inestimable ayuda del ex presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, que actuó como mediador.

Las condiciones del acuerdo, aceptadas por ambas partes, estaban basadas en el reparto del poder. La presidencia de la nación la ostentaría durante 18 meses un miembro de la etnia tutsi, que sería relevado por un hutu, que ejercería el poder durante el mismo periodo de tiempo. Tras esta alternancia se convocarían elecciones generales libres y democráticas. El gobierno de transición estaría formado en un 60 por ciento por hutus y el 40 por ciento de la representación le correspondería a los tutsis. Con ello se alcanzaría una representación equitativa de las comunidades burundianas en todos los cargos públicos. Asimismo se acordó integrar a los grupos combatientes en el ejército (de mayoría tutsi) y ofrecer protección a todos los dirigentes políticos, particularmente a aquellos que regresasen del exilio. Los presos políticos serían liberados y se pondría especial interés en la repatriación de los refugiados y en el reasentamiento de las personas desplazadas internamente.

CONSECUENCIAS DE UNA GUERRA

Así las cosas, el 1º de noviembre de 2001 el mayor Pierre Buyoya tomó posesión del cargo de presidente de Burundi, para un mandato de 18 meses. En su toma de posesión Buyoya manifestó que una de las prioridades de su gobierno de transición sería negociar el cese del fuego con los grupos armados hutus que todavía no han respetado el acuerdo de paz. A pesar de ello, el conflicto, que tras el acuerdo de Arusha podría decirse que daba sus “últimos coletazos”, continúa abierto en septiembre de 2002, poniendo en riesgo la cesión de la presidencia a los representantes hutus si no se llega a un alto el fuego. Los principales movimientos rebeldes, FDD (Fuerzas para la Defensa de la Democracia) y el FNL (Fuerza para la Liberación Nacional), no firmaron el compromiso de Arusha y mantienen vivas unas hostilidades cuyo único fin parece ser la “limpieza étnica”.

Para protegerse de esta violencia nacieron en Burundi las fuerzas de autodefensa auspiciadas en su día por el gobierno de Buyoya. Son grupos de civiles “invitados” por las autoridades locales a patrullar las calles y las aldeas para protegerse de los ataques de los grupos rebeldes. Las patrullas de autodefensa, tutsis o hutus, reclutan a niños –muchos de ellos menores de 15 años- para formar parte de sus filas. Los utilizan de porteadores, se les enseña a disparar, conocen el manejo de diferentes tipos de armas de fuego, se les dan unas mínimas nociones de guerra y se les envía a luchar, en primer línea de fuego, porque si caen en combate su muerte no supone una gran pérdida para los grupos armados.

Las tales fuerzas de autodefensa, los grupos disidentes y, en ocasiones, el ejército, están acusados de violar continuamente los derechos humanos. Para conseguir sus objetivos no dudan en matar, torturar, mutilar, violar, robar, secuestrar y extorsionar.

Las mujeres y los niños son –como siempre- los principales perjudicados por el fanatismo tanto en el interior del país como en los campos de refugiados de las naciones vecinas. ¿Cuántos bebés habrán sido asesinados por el mero hecho de pertenecer a una u otra etnia?. ¿Cuántas mujeres indefensas habrán sufrido los abusos de los miembros de su propia tribu o de las tribus rivales sin que nadie haga nada por evitarlos?.

Además de las pérdidas de vidas humanas, de las innumerables familias destrozadas, de los cientos de miles de desplazados que han perdido todas sus posesiones, de los trastornos psicológicos fruto de la convivencia diaria con el peligro, la muerte y la destrucción, un informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas publicado en noviembre de 2001 se hizo eco de las devastadoras consecuencias que para el desarrollo social y económico tiene la guerra en Burundi. Según la ONU “muchos de los indicadores sociales del país han bajado a niveles inferiores a los de hace 20 años”. La deuda externa supone un 175 por ciento del Producto Interior Bruto que se sitúa ahora en 120 dólares per cápita. En este contexto económico, según Naciones Unidas “las oportunidades para obtener un ingreso mínimo para el sustento son cada vez menores” lo que supone que el 58 por ciento de la población viva bajo el nivel de la pobreza.

La destrucción y el descuido de las infraestructuras sociales “ha tenido efectos devastadores en la prestación de servicios sociales” lo que se traduce en menores oportunidades para la alfabetización (la tasa de matriculación en las escuelas se sitúa en el 37 por ciento); la esperanza de vida se ha reducido a 42,8 años, frente a los 53,8 de 1993; solamente el 52 por ciento de la población tiene acceso al agua potable. En el plano sanitario la situación es desalentadora: se estima, según la ONU, que el 20 por ciento de la población urbana y el 6 por ciento de la rural es seropositiva. El número de huérfanos causado por el SIDA supera los 160.000.

En 2001 diversos organismos elaboraron un informe que ponía de manifiesto que la situación alimentaria en Burundi era crítica y que los niveles de malnutrición eran “más elevados que los registrados en el mismo periodo del año anterior” A ello ha contribuido en gran medida la guerra pero también las prolongadas sequías y la deforestación. La densidad de población, muy alta y mal distribuida (el 70 por ciento de los habitantes se concentra en el norte) ha provocado que el mal uso de las tierras y los cultivos afecte a la fertilidad de los terrenos.

A todo esto hay que añadir el regreso de los refugiados, que poco a poco van retornando a sus hogares y se encuentran con que otros han tomado posesión de sus campos y sus tierras durante su prolongada ausencia, o que éstas han sido asoladas por los combates.

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA PRIMARIA

La situación de los burundeses es motivo de preocupación para muchas Organizaciones No Gubernamentales y religiosas que hacen enormes esfuerzos para sacar al pueblo de Burundi de la situación de extrema pobreza en la que viven.

MANOS UNIDAS ha apoyado diversos proyectos en la zona, destinados a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Burundi. Así, MANOS UNIDAS colabora con los Padres Blancos financiando la construcción de una escuela primaria en Kanyosha, localidad situada a 6 kilómetros de Bujumbura, capital de Burundi.

En Kanyosha malviven miles de desplazados internos que salieron de los campos (de desplazados) para encontrarse con que habían perdido todas las posesiones que abandonaron huyendo de la guerra. Asentados en Kanyosha, estas personas tratan de rehacer sus vidas, pero carecen de las infraestructuras más básicas: escuelas, hospitales, agua corriente, alcantarillado etc. El principal problema que identificaban aquellos que regresaron era la falta de escuelas para sus hijos.

Tras reunirse el Comité de Padres, se consiguió que la Diócesis cediera unos terrenos para construir una escuela. La comunidad de Kanyosha se comprometió a financiar el 15 por ciento del proyecto en mano de obra y en efectivo. El Padre Germán Arconada solicitó la colaboración de MANOS UNIDAS para construir y equipar una escuela primaria para 500 niños y niñas.

La meta del proyecto es lograr que, además de escolarizar a estos menores y facilitarles el acceso a estudios superiores, se reduzca el número de niños de la calle y que se puedan aprovechar las aulas para impartir clases de alfabetización fuera de los turnos establecidos para los pequeños.

MANOS UNIDAS ha contribuido para hacer realidad este proyecto con 36.112 euros.

Para más información: Gabinete de medios de Manos Unidas

María Eugenia Díaz

Tfno: 91 308 20 20

prensa@manosunidas.org

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