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El País, 1/11/2002 Una Constitución para la Europa social y del empleoJ. FIDALGO, C. MÉNDEZ , J. BORRELL, L. GARRIDO, C. CARNERO José María Fidalgo y Cándido Méndez son secretarios generales de CC OO y UGT, respectivamente; Josep Borrell, Carlos Carnero y Diego López Garrido, miembros de la Convención Europea y diputados del PSOE. Casi coincidiendo en el tiempo con el debate abierto sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cincuenta miembros de la Convención Europea han presentado varias mociones proponiendo que ésta aborde sin dilación el debate sobre un capítulo imprescindible para el presente y el futuro de la UE: el de la Europa Social. Es significativo que los mismos sectores que discrepan con esa iniciativa sean precisamente aquellos que persiguen que en el terreno del gobierno económico de la Unión las propuestas de la Convención tengan la mínima profundidad posible, limitándose a dar por bueno lo existente. A nuestro entender, sería ilógico que la propuesta constitucional que comenzará a debatir en enero la Convención no incluyera los elementos básicos de la Europa social, que ya cuenta con una moneda única que funciona, debe enfrentarse a la globalización y se ha embarcado en la más ambiciosa de las ampliaciones proyectadas hasta la fecha: de 15 a 25 miembros en dos años. Cuando la Convención alcanza velocidad de crucero y algunos gobiernos empiezan a temer que sus resultados serán difícilmente eludibles, es preciso reivindicar con fuerza que la Europa social forme parte plenamente de la agenda sobre el futuro de la UE. Empezando por Emilio Gabaglio, secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, y terminando por los convencionados que suscriben este artículo, muchos de los que presentamos esas iniciativas sobre la Europa Social creemos que hace falta una Constitución Europea para que la UE esté en condiciones de responder a todos los desafíos colectivos que tenemos por delante. Pero a todos, empezando por los que más preocupan a los ciudadanos. Una Constitución, también la europea, no es sólo una declaración de grandes principios acompañados de mecanismos institucionales de gestión, sino un instrumento que define derechos, objetivos y políticas para alcanzarlos. Puede que a quienes siguen día a día la política europea les importe sobremanera, por poner un caso, que el Consejo Europeo tenga en el futuro un presidente elegido por más de un semestre. Se trata de un punto relevante, que de ninguna forma puede menospreciarse. Pero lo que dice claramente el Eurobarómetro es que la gran mayoría de los europeos esperan algo más que reformas institucionales de la Unión. Desean sobre todo una contribución eficaz para solucionar los principales problemas sociales: así, el 90% de los encuestados se refieren en ese caso al paro y el 89% a la pobreza como cuestiones prioritarias a abordar. Si la Convención no es sensible a las demandas ciudadanas, si no elabora una propuesta constitucional que responda a las preocupaciones de la opinión pública, si no consigue que la Unión sea más útil en el futuro para resolver los problemas de la gente, de los trabajadores, de la sociedad en su conjunto, en alguna medida habrá fracasado. Por el contrario, contribuir a su éxito es una prioridad de la izquierda política y social europea. Y por ello mismo, desde dentro y desde fuera de la Convención, queremos construir una mayoría que amplíe sus objetivos, empezando por la plena inclusión de la Europa social en sus debates y en sus propuestas finales. Ese compromiso cobra especial relevancia en un país como España, cuyo Gobierno, lamentablemente, está a la cabeza de aquellos que creen que en el debate constitucional europeo el capítulo social ni está ni se le espera, o que la moneda única puede continuar existiendo sin estar enmarcada en un auténtico gobierno económico de la Unión. Nosotros pensamos exactamente lo opuesto: que la Constitución Europea debe permitir superar la situación actual, en la que los objetivos sociales de la UE están subordinados a la realización del mercado común y la unión económica y monetaria, la política social comunitaria se reduce a garantizar cierta corrección, en su caso, del mercado interior y muchas de sus medidas, en terrenos como el empleo, la formación, los sistemas de seguridad social y los servicios de interés general, terminan siendo tributarias de la pura lógica del mercado. Al igual que consideramos que, con la existencia del euro y la ampliación -que apoyamos sin reservas-, la futura Constitución de la UE ha de establecer mecanismos de política económica común que eviten, entre otras cosas, el avance del dumping social. También en el campo económico y social, y quizás mucho más que en otros, teniendo en cuenta el muy bajo nivel del que partimos, hace falta más Europa como única forma de hacer frente con fuerza al proceso de mundialización, no para negarlo, pero sí para intervenir en él con el ánimo de democratizarlo, socializarlo y, en primera instancia, impedir que el modelo social europeo termine siendo una de sus víctimas. ¿Cuáles son nuestras propuestas de Europa Social para la Convención y la futura Constitución Europea? ¿Qué demandamos que promueva el Gobierno español en ese marco? Avanzamos algunas propuestas: 1. La integración de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, proclamada en Niza, en la Constitución, otorgándole, por esa vía, un carácter jurídicamente vinculante. Los derechos en ella contenidos -individuales, sociales, de nueva generación- deben ser considerados como programáticos y, por consiguiente, informadores de las políticas y las decisiones comunitarias. La dimensión transnacional de los derechos sindicales fundamentales -asociación, huelga, negociación colectiva, etc.- tiene que ser expresamente reconocida. Al mismo tiempo, la Unión debería adherirse a la Convención Europea de Derechos Humanos y a otros instrumentos jurídicos internacionales relevantes. 2. Situar los principios y los objetivos sociales en el centro de la Constitución Europea. En la norma constitucional, la definición de la UE como una economía social de mercado, la defensa y promoción del modelo social europeo, la consecución del pleno empleo, la creación de puestos de trabajo de calidad, alcanzar una alta protección social universal, el desarrollo de los servicios de interés general y público eficaces y de calidad gestionados al margen de las estrictas normas de la competencia en el mercado único y la consecución de la igualdad -empezando por la de género- tienen que ser principios constitucionales básicos y objetivos transversales propios de todas las políticas, las instituciones y los miembros de la Unión. A alcanzarlos deben orientarse, en primer lugar, el mercado común y la unión económica y monetaria. Asimismo, a fin de evitar el dumping social, las competencias de la Unión deben extenderse a campos como el fiscal, la política salarial y el derecho de asociación transnacional. Es particularmente importante avanzar hacia la armonización de los impuestos de sociedades, sobre el capital y medioambientales. 3. Constitucionalizar un verdadero gobierno económico y social de la UE. Los pasos dados en el marco de la Estrategia de Lisboa son positivos, pero insuficientes. Por ello, es imprescindible poner fin a la actual asimetría entre lo monetario, lo económico y lo social en la actuación comunitaria. El objetivo consiste en coordinar de manera eficaz y democrática las políticas económicas, presupuestarias, sociales y de empleo de los Estados miembros, situando la moneda única como instrumento al servicio de una auténtica estrategia de desarrollo sostenible y profundización del modelo social europeo. Para ello, la política social y la política de empleo deben situarse en la Unión al mismo nivel que la política económica, es decir, como de interés común, siendo gestionadas como un conjunto integrado. El euro tropezará si sólo se apoya en un pilar monetario. Así, el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión y teniendo en cuenta el parecer de los Parlamentos nacionales, adoptarían, con carácter vinculante para los Estados miembros, al comienzo de la legislatura, un programa de política económica, social y de empleo y, en ese marco, cada año, unas grandes orientaciones que lo ajustaran a la coyuntura. En esa dirección, convendría modificar el Estatuto del Banco Central Europeo, entre cuyas misiones debería incluirse contribuir al crecimiento y el empleo, como ocurre con la Reserva Federal americana. Su directorio debería ser elegido por el Parlamento Europeo a propuesta del Consejo. Particularmente importante sería plantear la posibilidad de que fueran esas instituciones, junto con el BCE, las encargadas, a propuesta de la Comisión, de fijar el objetivo central de inflación. Por cierto que los debates más recientes muestran que debería reorientarse el Pacto de Estabilidad y Crecimiento -recordamos este término, demasiadas veces olvidado-, diferenciando entre déficit estructural y cíclico e introduciendo la flexibilidad necesaria para hacer frente a la coyuntura económica, empezando por la variable del empleo. 4. Estructurar el diálogo y la concertación social a nivel europeo. Sería preciso desarrollar un papel constitucional para los agentes sociales europeos, implicándoles en la toma de decisiones económicas, sociales y de empleo a nivel comunitario. En esa dirección, podría renovarse y reforzarse el Comité Económico y Social y establecerse un Comité Tripartito sobre el crecimiento, el empleo y la cohesión. Los agentes sociales también deberían ser consultados en las negociaciones internacionales (como las relativas a la Organización Mundial de Comercio) y sobre cuestiones más amplias, como la inmigración, la educación y la formación profesional y la lucha contra la discriminación. Finalmente, se impone regular la firma de acuerdos colectivos europeos de forma útil y supervisada por parte de las instancias de la UE. En resumen, más allá de estas propuestas concretas -seguro que podrían plantearse bastantes más-, proponemos que el futuro pacto constitucional europeo esté basado no sólo en una unión política de orientación federal, sino también, y como parte fundamental de la misma, en una unión social. Estamos planteando un 'contrato social' que pueda ser compartido por los europeos y las europeas, por los trabajadores y los empresarios, por los Estados miembros, por las fuerzas políticas y sociales, que fomente, desde la profundización del modelo social europeo, el desarrollo sostenible en una UE comprometida con el fin de la pobreza en el mundo y la gestión progresista de sus consecuencias, como los flujos migratorios. Nuestro reto se dirige a la Convención Europea, que formulará en 2003 una propuesta constitucional y, en su día, a la Conferencia Intergubernamental, que deberá pronunciarse sobre ella. Lo hacemos desde el convencimiento de que será la presión social sostenida -que los sindicatos hemos puesto en marcha con motivo de las últimas cumbres europeas, como las de Barcelona y Sevilla durante el semestre español-, junto con la actuación política en el marco de la Convención, las que consigan una Constitución Europea política y social digna de tal nombre.
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