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EL REY COMO CATÓLICO DEBE CUMPLIR LO MANDADO POR LOS OBIPOS. 11-5-2005 EL MUNDO, 11-05-2005 LOS EXPERTOS DESCARTAN LA
POSIBILIDAD
MADRID.- La Iglesia española considera que el Rey no debe sancionar la ley que permitirá los matrimonios de personas del mismo sexo una vez que sea aprobada por las Cortes. La Conferencia Episcopal, a través de las declaraciones hechas por un portavoz oficial a EL MUNDO, hace así extensiva a Don Juan Carlos su nota del pasado viernes en la que exigía a los católicos una oposición "clara e incisiva" a la norma. El secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, José Antonio Martínez Camino, aseguró a EL MUNDO que la citada nota "establece un principio general, sin señalar a personas concretas. Afecta a todos los católicos, pero también a todas las personas con recta formación moral". "No va a haber declaración oficial al respecto, pero la nota de los obispos está tan clara que no es necesario especificarla más. Como reza el texto episcopal del pasado día 5 de mayo, 'los católicos han de oponerse a ella [la ley] de forma clara e incisiva'. Los obispos se dirigen claramente a todos los católicos sin distinción. Si el Rey es católico, también a él le afecta el derecho y el deber de la objeción de conciencia ante una ley radicalmente injusta que corrompe la institución del matrimonio", asegura la versión oficial de la Conferencia Episcopal. Fuentes de la Iglesia citaron el "ejemplo" de lo que hizo en 1990 el entonces rey de los belgas, Balduino, cuando el Parlamento de su país aprobó la ley del aborto y él, negándose a sancionarla "en conciencia", abdicó durante 36 horas. Sin embargo, pese a que tanto los obispos españoles como la jerarquía vaticana desean que Juan Carlos I haga lo mismo que Balduino, expertos constitucionalistas señalan que resulta legalmente imposible que el Rey no sancione la norma. La función de "sancionar y promulgar las leyes", establecida en el artículo 62 de la Constitución, consiste en una especie de fe notarial, sin que esté prevista siquiera la posibilidad de discrepancia o escrúpulo ante lo aprobado por las Cortes. Además, según el artículo 64, todos los actos del Rey, salvo los nombramientos de los miembros de su Casa, deben ser "refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros correspondientes".
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