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ACABAMOS DE LEER Y COMENTAMOS Malos tratos, nulidades matrimoniales e hipocresía. Por Antonio Duato Un nuevo caso en que la Iglesia española vuelve a pillarse los dedos una vez más, manifestando las incoherencias de su doctrina con su práctica y el desfase de comunicación con la sociedad. La prensa y todos los medios siguen dando vueltas a las diversas declaraciones sobre si los malos tratos pueden ser causa de nulidad matrimonial (que el pueblo sencillo acostumbra a llamar "divorcio por la iglesia" no sin razón, como veremos). Dijo el portavoz de los obispos, Mons. Juan José Asenjo, comentando una sentencia de D. José Gago, juez instructor del Tribunal de Mérida-Badajoz en la rechazaba una demanda de nulidad: "Tiene razón la sentencia, pues los malos tratos no pueden ser nunca causa de nulidad". (Lenguaje exacto jurídicamente. pero "incorrecto políticamente"). Se produce el escándalo. Preguntas a los entendidos. El primer día, Jaume Riera, juez jubilado del arzobispado de Barcelona, persona de mucho prestigio y avanzada, expone su opinión en televisión que, si no entendí mal era: : "los malos tratos, al ir en contra absolutamente del "bonum" del sacramento matrimonial, deben considerarse causa de disolución del matrimonio". (Lenguaje aceptable en una teología renovada, impreciso canónicamente y correcto políticamente). El Cardenal Carles aprobó en principio esta opinión (tal vez sin darse cuenta del alcance de la misma) y algo más tarde tuvo que matizar, dando la razón a portavoz Asenjo. Después los obispos -que se han quejado duramente de la "inexperiencia" comunicativa del honrado y sincero Monseñor Asenjo- han ido progresivamente apoyando la opinión de los expertos canonistas, que saben como hacer compatible la indisolubilidad teórica, siempre vigente por catastróficos que sean los hechos posteriores, con la declaración de nulidad. Sencillamente aducir que estos hechos -los malos tratos en este caso- son signos de que ya antes antes había una incapacidad para contraer matrimonio. (Lenguaje teológicamente tradicional, políticamente correcto pero que muestra el subterfugio técnico canónico por el que se cuelan las declaraciones de nulidad de cualquier causa que se presente). ¡Eso faltaba! Que no pudiera considerar la Iglesia absolutamente roto el matrimonio de una mujer agredida y maltratada por su marido. Aunque sea con el rebuscamiento psicológico y jurídico que sea, que, como han declarado los técnicos, si se quiere sí que se encuentra. Sin que mediaran malos tratos, sino todo lo contrario, también un tribunal de Valencia declaró nulo -desde su celebración 40 años antes- el matrimonio de Camilo José Cela en contra de la voluntad de su dignísima mujer, que se sintió más ofendida por la Iglesia que le dijo que nunca había estado casad, sin darle ninguna explicación, que por el mismo abandono del marido a quien había dedicado su vida. ¿Nos puede explicar algún portavoz por qué se sentenció a favor de la nulidad en este caso? ¿Y está dispuesta la Iglesia a aplicar estos mismos criterios interpretatativos del código, que hubo esa causa de nulidad, en todos los casos similares? ¡Que se diga todo en público, que el pueblo tiene derecho a saberlo! Eso sería correcta política de comunicación. Nunca he entendido por qué la Iglesia ha querido mantener esas altas cuotas de celebraciones matrimoniales, muy superiores a la de matrimonios civiles. Cuando tras el Concilio Vaticano II el equipo sacerdotal del Puerto de Sagunto tomó en serio la preparación y celebración del sacramento del matrimonio, como un hecho de fe, vimos que la única manera de hacerlo era fomentando la dignidad del matrimonio civil y pidiendo condiciones dignas y hasta pomposas para la celebración de los matrimonios civiles. ¡Cómo fuimos criticados y condenados por la jerarquía y los católicos tradicionales! Triunfó la hipocresía en la pastoral sacramental, lo mismo que en los bautizos y las comuniones. Consistía en seguir hablando de toda la fe y preparación que suponen los sacramentos, pero después no exigir nada ni rechazar a nadie. Y es lógico pues, aunque no lo digan, los mismos obispos y curas saben que la gente acude no por fe cristiana o pertenencia libre a la Iglesia, sino porque son ritos familiares de acompañamiento de la vida -religiosidad natural en todo caso- que ellos quieren seguir "administrando". Y en el matrimonio, además, era preciso seguir conservando los tribunales y administrando el divorcio que cada vez se iba imponiendo más en la sociedad. Hubiese sido posible mantener la práctica restrictiva de los tribunales eclesiásticos y sugerir que el que quisiera divorcio fuera al tribunal civil y, si se quería volver a casar, que lo hiciera por lo civil. Hubiera sido una práctica coherente, pero que le hubiera ido progresivamente quitando "clientes" a los curas. También hubiera sido posible que se hiciera una profunda revisión teológica del matrimonio y se cambiara la disciplina. No hay ningún argumento bíblico definitivo para excluir esas posibles anulaciones o disoluciones de matrimonios que ya se pueden hacer por causas de no consumación o por los privilegios paulino o petrino. Esto sería abrir la puerta de verdad y de forma clara y pública, acomodando una institución a la realidad. Pero a la Iglesia le produce vértigo plantearse cambios tan profundos y prefiere la acomodaciones retorcidas. Porque el camino elegido es el de facilitar y aumentar las causas por las que declarar nulo de raíz el matrimonio celebrado (Véase el reportaje que hizo hace casi un año en El Mundo J.M. Vidal sobre el tema). Como en el contrato matrimonial cuenta la intención íntima del contrayente y las características del objeto del contrato (aquí la otra persona) que ahora están ocultas pero algún día se pueden manifestar, casi el cien por ciento de los contratos matrimoniales que se realizan son anulables, dado que no es difícil montar una prueba de que hubo un fallo en la intención o en las capacidades de uno de los cónyuges para contratar. Es como si una compraventa (de un piso por ejemplo) se pudiera anular y hacer que el vendedor te devolviera el dinero o viceversa, como si nada se hubiera firmado ante testigo autorizado (el notario del matrimonio es el sacerdote celebrante), porque "yo no tenía intención de hacer una compra definitiva", "me vi presionado a comprar por temor de decir que no a un vendedor agresivo", "veinte años después ha aparecido una grieta en el piso que parece es debida a mala construcción", etc... ¿Qué seguridad jurídica podría haber si este tipo de argumentos se aceptaran como causas de disolución de contratos? Que los responsables de la Iglesia sepan que en la opinión popular, fomentada por los numerosos casos famosos -¡pobre Carolina de Mónaco, que aún fue víctima de una posición firme de la Iglesia hace muchos años!-, ya se ven las declaraciones de nulidad como un verdadero "divorcio eclesiástico" tan fácil de conseguir o más que el civil. Y con la ventaja que te permite volver a hacer una boda religiosa, que es la que de verdad luce. Las bodas en los juzgados son muchos vistosas y elegantes. Por lo tanto que digan bien claro que sobre todo darán el "divorcio eclesiástico" a las víctimas de los malos tratos y sin necesidad de abogados expertos. Pero que reflexionen también sobre la hipocresía en que está basada toda esta práctica de derecho matrimonial.
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