COMUNIDADES CRISTIANAS POPULARES.

SEVILLA

Sabemos que la democracia no es algo que se nos de hecha a los ciudadanos, de una vez para siempre, sino que debemos conquistarla día a día, poniendo en práctica, al menos, los principios constitucionales que un día votamos (Referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978). Se hace democracia cuando se crean puestos de trabajo, haciendo que baje el paro o se garantizan las pensiones a los jubilados, cuando se ofertan viviendas dignas para quien las necesitan, etc., y cuando crece, también, la solidaridad y preocupación por cubrir las necesidades a las que no llega lo público, mediante Asociaciones y ONGs.

Pero hay actos, comportamientos y actitudes que hacen retroceder la democracia a épocas de la dictadura o desconciertan tanto a los ciudadanos que no sabemos si estamos en un estado de derecho o de desintegración democrática. Efectivamente, signos de retroceso democrático son, entre otros, las muertes violentas de mujeres a manos de sus parejas, las muertes a manos de vecinos o por ajustes cuentas, etc., pero se retrocede a la época de la dictadura ante la noticia, recogida por toda la prensa, de la muerte de Juan Martínez Galdeano acaecida el 24 de julio del 2005 en el cuartel de Roquetas del Mar (Almeria), por la supuesta agresión del teniente y otros guardias civiles. Ante este hecho, se nos viene a la memoria actos semejantes de atropellos y malos tratos ocurridos a muchas personas, durante nuestra niñez, en los cuarteles de nuestros pueblos y, sin quererlo, de nuevo nos vuelve la imagen de la Guardia civil como Cuerpo represor… Por ello, como ciudadanos y cristianos condenamos rotundamente estos actos de violencia contrarios a los derechos humanos fundamentales de la persona, como es “el derecho a la vida y a la integridad física y moral” (CE, art.15).

Pero, también se retrocede en la democracia, cuando –según denuncia Amnistía internacional en su informe anual 2004- se tortura en las comisarías españolas con el fin de obtener confesiones de presuntos delincuentes o se organizan vuelos colectivos de expulsión de emigrantes o, por causa del terrorismo, se intenta obligar a las operadoras telefónicas y proveedores de Internet a retener los datos de conexión.

Se dan también otros hechos que nos desconciertan tanto, que no sabemos si estamos en un estado de derecho o de desintegración jurídica. Tal es el caso de la sentencia de la juez de Sevilla Dña. María Ángeles Sáez contra D. Juan Manuel Fernández Montoya, conocido como Farruquito, al condenarle a 16 meses de prisión por el atropello mortal de un peatón, rodeado de una serie de circunstancias de todos conocidas. Esta sentencia, cuando menos, desconcierta a los ciudadanos, si se la compara con otras conocidas o con la sentencia emitida en el juicio que tuvo lugar el día 10 de mayo de este año, en Cádiz, contra los cinco activistas de Greenpeace, Daniel Rizzotti y cuatro compañeros, por una protesta pacífica contra la guerra de Irak, ante la Base de Rota, en marzo del 2003. La fiscalía pedía 12 años de prisión para los cinco encausados. La sentencia, por su parte, absolvió a tres de los activistas, pero impuso una multa a otro y condenó a seis meses de prisión al entonces capitán del Rainbow Warrior Daniel Rizzotti, por desobediencia a la autoridad.

Todos estos hechos no pueden menos de motivar alarma social y de punzar en nuestra conciencia, preguntándonos si dentro del “poder judicial” se ha dado ya la regeneración democrática esperada tras los veinticinco años de vida constitucional que llevamos en nuestra Patria.

 Por el Secretariado: Antonio Moreno de la Fuente

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