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Legalidad o permisividad en Euskadi.Antonio Duato En el momento en que me decido a escribir esta aportación al FORO sobre Nacionalismo y Democracia abierto en ATRIO acaba de producirse una curiosa votación: Batasuna ha unido sus votos al PP y al PSOE para impedir que el Parlamento Vasco presente ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley de Partidos. Y según la crónica que El País adelanta en su versión digital, Arnaldo Otegui ha dicho que es "un honor estar fuera de la legalidad española" y ha acusado al PNV de ser "los mejores españoles que hay en España" por que son los "únicos que cumplen la ley". "A la izquierda aberzale se nos ha acabado la paciencia política e histórica", ha concluido. Entretanto el Juez Garzón ha vuelto a recordar al Gobierno Vasco que la marcha promovida por dos miembros de Ekin para mañana sábado en Bilbao es ilegal y no puede ser permitida. Ahí está el conflicto ahora. Por una parte una decidida acción contra Batasuna como organización dependiente de ETA, promovida por lo penal como sugerían muchos de los que oponían a la Ley de Partidos, y por otra las dudas del Gobierno Vasco y del PNV que hasta el momento (veremos lo que pasa mañana sábado) está siguiendo una línea de actuación ambigua, por no decir esquizofrénica. Por una parte aceptar las leyes y los poderes constitucionales, tragándose sus reservas, pero, por otra, no atreverse a desplegar las fuerzas autonómicas para hacer cumplir coactivamente esa ley. Los argumentos que esgrimen son muy flojos: "no podemos permitir que los vascos se rompan la cara unos a otros", "no podemos usar en democracia métodos dictatoriales"... Hace toda la impresión de que los políticos del PNV y muchos con ellos no se han dado cuenta de que, sea cual sea el talante autoritario o "españolista" que pueda tener el Aznar y con él el PP en este tema, de lo que se trata es de decidir si en Euskadi debe imponerse por encima de todo el respeto a la ley y la represión de terrorismo (o por los menos la superación del miedo a los voceros del terrorismo) o debemos seguir tratando con permisividad el tema para no enfurecer a la bestia. Personalmente creo que el Auto de Garzón tiene suficientes elementos de hechos y razones jurídicas y procesales para poder ser considerado un acto de jurisdicción estatal, propio plenamente de un estado democrático. No hay decisión dictatorial ni estado de excepción y los nacionalistas vascos que lanzan estas calificaciones están haciendo envalentonarse a la bestia que al final -véase lo de hoy- van a ir contra ellos de todas formas. En relación con la validez jurídica del auto de Garzón recomiendo el artículo del martes pasado en El País, donde el Catedrático de Derecho Penal de la Carlos III de Madrid, José Manuel Gómez-Benítez, rebatía las pegas suscitadas por el también catedrático Javier Pérez Royo a quien ya se ha hecho referencia en este Foro. Y respecto a quién es el responsable de que vaya a ser doloroso ahora imponer coactivamente el mandato de Ley en Euskadi, puede ser útil leer estos dos párrafos de un artículo de Demetrio Velasco que va a publicarse próximamente en el número 211 de IGLESIA VIVA: En el País Vasco, estamos asistiendo a la ilegalización de una fuerza social que, durante ya demasiado tiempo, se ha escudado en la figura jurídica y democrática del “partido político”, para legitimar prácticas y proyectos de carácter antidemocrático. En mi opinión, si la situación creada, ahora, puede parecer de gran riesgo para la democracia, se debe, sobre todo, a que, también, durante demasiado tiempo, la autoridad competente, especialmente la del Gobierno vasco, ha estado haciendo una dejación de su responsabilidad en la aplicación necesaria de la fuerza legítima frente al comportamiento antidemocrático e incluso violento de dicha fuerza social, que se ha sentido, así, con patente de corso para seguir burlando el ordenamiento jurídico vigente y para apoyar a la organización terrorista ETA, de la que ha mostrado tener una dependencia orgánica indiscutible. Todos sabemos los costos de este proceder y la situación generada por él. Miles de ciudadanos y ciudadanas vascos, casi siempre no nacionalistas, se han visto obligados a vivir en “clandestinidad” porque las instituciones democráticas no les han garantizado de forma suficiente el ejercicio de sus derechos fundamentales. Y, al hablar de derechos fundamentales, no creo que debamos referirnos al pretendido derecho de “autodeterminación política”, tal como lo formula el nacionalismo vasco. Estoy persuadido de que la ilegalización de dicha fuerza política, que, por supuesto, se debe ajustar escrupulosamente a derecho, es, por fin, una decisión de responsabilidad política y de decencia ética. Habrá que tener el coraje cívico para afrontar este momento con fortaleza y coherencia democráticas. Quien no lo haga así tendrá que explicar, con razones más convincentes que las del oportunismo político o las del particularismo social, los motivos por los que debemos seguir condenados a vivir en una sociedad cuyas instituciones democráticas no pueden garantizar a todos y a todas el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, precisamente, porque hay fuerzas sociales antidemocráticas que se amparan en la legalidad para actuar contra la democracia.. Creo que no son de recibo aquellas actitudes que, primando el pragmatismo de los intereses inmediatos o la resignación cómplice de la servidumbre voluntaria, renuncian al ejercicio de la dignidad ética más elemental y al compromiso político que de ésta se deriva. El Foro de El Salvador, que preside el cura Larrinaga que tuvo que pedir escolta por sus amenazas, ha hecho por fin público el Documento a propósito de la Pastoral de los Obispos Vascos que habían anunciado en junio y que -por las amenazas que sufrió su presidente- no llegó a publicarse entonces. La verdad es que no añade nada nuevo, a no ser el rechazo al acercamiento de los presos a su casas con una expresión que parece demasiado dura y dif´cicil de probar: Acercar a un asesino convicto a una familia que le anima a reafirmarse en el delito no es una opción acorde con la justicia ni con el Evangelio. Y los presos tienen derecho a la dispersión que los aleje de un entorno favorable al crimen así como a las víctimas a que se cumplan las leyes Está clara mi posición: que se exija el cumplimiento de la ley pase lo que pase y que la vía penal para la ilegalización de los apéndices de ETA es la mejor. Pero se me permitirá que a la vez reconozca el derecho a defender democráticamente el ideal nacionalista e incluso la autodeterminación de una determinada configuración histórica. No hay duda de que la opinión de los redactores del Full Dicesá de Solsona y Vic -no de los obispos, pues no creo que Jaume Traserra esté de acuerdo con ellos- diciendo que se pida en la Diada por una patria catalana libre e independiente, puede ser considerada como discutible, e incluso impropia de ser reflejada en un órgano que se considera semi-oficial de la diócesis, pero no es crimen ni un apoyo a los terroristas. Ojalá algún día el clima de respeto a la vida y a la libertad de todos sea tan grande en Euskadi que el tema de la autodeterminación y posible independencia pueda discutirse abiertamente y sin miedo a las represalias, como en Cataluña o Quebec.
La diócesis tampoco envió notificación al centro e incluso mandó a la nueva titular de la materia antes de que llegase al colegio la certificación de su incorporación al claustro. El director asegura: «No tenemos nada en contra de esta nueva profesora y así se lo hemos hecho saber, lo que ocurre es que estamos indignados porque la actitud y el comportamiento de la anterior, la profesora más antigua de Religión en Arcos, era intachable». Manuel González sospecha que detrás del despido de la profesora se esconde la connivencia del obispado con «el cacique de turno del pueblo, al que no le gustaba la excepcional labor de la profesora».También criticó el «enchufismo» que practica la Iglesia a la hora de nombrar profesores de Religión. Precisamente hoy, la ministra de Educación, Pilar del Castillo, invitó al Grupo Socialista a plantear la revisión del convenio firmado en 1999 entre el Gobierno y la Iglesia sobre profesores de Religión. En respuesta al senador socialista Manuel Fernández que acusó a la Iglesia de seguir criterios morales para proponer a los candidatos a ocupar estos puestos docentes, Del Castillo se limitó a decir: «Si usted y su grupo consideran que hay que denunciar el tratado con la Santa Sede, plantéenlo». Por su parte, Fernández Zanca denunció casos de despidos de docentes en los que entraron en juego criterios morales que, a su juicio, vulneran principios y valores constitucionales y que cuentan con la «complacencia» del Gobierno.
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